Las cinco comunidades autónomas pesqueras del Mediterráneo --Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía-- han remitido una carta conjunta a las instituciones europeas para exigir una “revisión urgente” de la Política Pesquera Común (PPC). En el documento plantean la aprobación de un reglamento ómnibus de pesca que permita ajustar la normativa comunitaria a las condiciones específicas de la pesca costera en el Mediterráneo.
La iniciativa se ha dirigido al Comisario de Pesca y Océanos, a la Comisaria para el Mediterráneo y al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la UE, con el objetivo de reclamar una gestión “más simplificada, flexible y regionalizada”, según ha informado este viernes la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya en un comunicado.
Las comunidades firmantes sostienen que la modificación de la PPC es imprescindible para dar respuesta a las carencias detectadas por la propia Comisión Europea en la revisión de los diez años de vigencia de la política actual. Denuncian, además, que el marco normativo vigente asimila en numerosos aspectos la flota artesanal a la industrial y “le impone obligaciones desproporcionadas”.
Igualmente, reclaman que la legislación comunitaria recoja de forma expresa las singularidades de la flota costera mediterránea, compuesta en su mayoría por barcos de pequeña escala, de menos de 24 metros de eslora, que faenan menos de 12 horas, regresan cada día a su puerto base y venden el pescado fresco en la lonja, lo que permite asegurar su trazabilidad.
La propuesta incluye también la revisión del Reglamento de control europeo para adaptarlo al riesgo real y a la capacidad operativa de la flota mediterránea, aplicando los principios de simplificación y proporcionalidad “para que las exigencias sean adecuadas a la dimensión y actividad de cada embarcación”.
En esta línea, las autonomías mediterráneas apuestan por reforzar los controles en tierra, a partir de las notas de primera venta en la lonja, “en lugar de imponer obligaciones poco operativas a bordo que aportan poco valor añadido y pueden comprometer la seguridad de la navegación”.
Revisión del FEMPA y modernización de la flota
Las comunidades también reclaman cambios en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), junto con una partida presupuestaria extraordinaria que haga posible asegurar el relevo generacional, la sostenibilidad económica del sector, la preservación del tejido social y territorial y la modernización de la flota pesquera mediterránea para avanzar en la descarbonización.
Aunque reconocen que la Política Pesquera Común continúa siendo el pilar de la gestión pesquera en la Unión Europea, subrayan que, tras una década de aplicación, “es necesario introducir ajustes para garantizar que pueda cumplir plenamente sus objetivos”.