El Ejecutivo aragonés ha remitido a la Comisión Europea un informe sobre el estado de conservación favorable del lobo en España, después de que el Gobierno central se negara a trasladar esta documentación dentro del plazo fijado por la normativa comunitaria. Este informe, relativo al periodo 2018-2024, resulta determinante para avanzar en la aplicación de la modificación del régimen europeo de protección de la especie y podría reforzar la capacidad de Aragón para gestionar el lobo en todo el territorio nacional conforme al nuevo marco jurídico.
La medida se adopta tras la reunión celebrada el 30 de enero de 2026 en Santander, con la participación de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, en la que se puso de manifiesto el incumplimiento por parte del Gobierno de España de la obligación recogida en el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE de informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas, incluido el lobo.
El informe tenía que haberse remitido antes del 31 de julio de 2025. La documentación enviada por el Gobierno de Cantabria en representación de las comunidades de País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, incorpora la certificación del informe sexenal aprobado por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en el que también participa el Gobierno de España.
Junto a ello, se ha hecho llegar el comunicado conjunto acordado tras el encuentro de Santander, respaldado además por otras comunidades autónomas y por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este texto se detallan las actuaciones que, según las administraciones firmantes, han impedido que el informe se remitiera dentro del plazo establecido.
Entre esas actuaciones figura la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial prevista para el 18 de julio de 2025, en la que debía aprobarse el envío del informe favorable elaborado por el Comité de Flora y Fauna, así como la falta de una nueva convocatoria pese a haber sido solicitada por el número de comunidades requerido en el reglamento de este órgano.
La reforma del régimen europeo de protección del lobo ha supuesto una flexibilización de su estatus jurídico y otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de gestionar la especie en todo el territorio nacional, circunstancia que fue refrendada por el Parlamento español mediante la Ley 1/2025, de 1 de abril, que excluyó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024 determina que no puede llevarse a cabo gestión extractiva si el estado de conservación de la especie, según los informes sexenales, es desfavorable, lo que limita el alcance práctico de esta reforma normativa y complica la puesta en marcha de medidas de control frente a los daños a la ganadería.
En enero de 2026, la Comisión Europea abrió un procedimiento formal contra el Reino de España mediante un expediente de infracción por no haber remitido el citado informe sexenal, que afecta no solo al lobo, sino al conjunto de especies protegidas por la Directiva Hábitats. En este contexto, se ha confirmado recientemente un nuevo ataque de lobo en el Bajo Aragón en una explotación ganadera de la zona.
Ante cualquier sospecha de ataque, los animales muertos se trasladan al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde los veterinarios practican la necropsia y verifican si las lesiones son compatibles con un ataque de lobo. Además, en esta comarca el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha mantenido encuentros con los ganaderos para reforzar la coordinación con los Agentes para la Protección de la Naturaleza que operan sobre el terreno.
En lo relativo a las ayudas al sector, los ganaderos pueden acceder a la subvención para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que financia la compra de sistemas de protección para el ganado, como pastores eléctricos, adquisición de perros de raza mastín y dispositivos localizadores GPS.