La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha enviado una misiva oficial a la Comisión Europea en la que acusa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de no haber facilitado todavía a las autoridades comunitarias los datos actualizados sobre el estado de conservación del lobo en España.
Según la organización, esta "reiteración en la no remisión de datos puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento efectivo del Derecho europeo". Por este motivo, pide a Bruselas que intervenga con determinación para exigir "transparencia y cumplimiento normativo" al Ejecutivo español.
Asaja advierte de que "la ausencia de un censo actualizado y científicamente verificado" de las poblaciones de la especie impide valorar "con rigor" su situación real en el territorio nacional y "condiciona" la adopción de medidas adecuadas. A su juicio, "no pueden exigirse nuevos sacrificios al sector ganadero sin una base científica sólida y actualizada que garantice el equilibrio entre conservación de la biodiversidad y viabilidad económica".
La asociación agraria también confía en que la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, aclare este jueves en su intervención ante la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) en el Congreso de los Diputados cuál es la postura del Ejecutivo comunitario ante el supuesto "incumplimiento" del Gobierno español en esta materia.
"(ASAJA) confía en que la comparecencia de mañana sirva para reafirmar que las políticas ambientales europeas deben basarse en datos oficiales actualizados y en el estricto cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros. Sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas", ha remarcado la organización.
En cuanto a los daños al ganado, Asaja subraya que los ataques de lobo han crecido "casi un 20%" en el Principado de Asturias desde que la especie fue incluida en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Con cifras oficiales autonómicas, se ha pasado "de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, (...) el dato más alto desde 2017".
En Castilla y León, la organización apunta que se registraron "3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas" en 2024, lo que "supone un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores". "Estos datos, aunque proceden de dos comunidades concretas, reflejan una tendencia que se está extendiendo en el conjunto del territorio: más ataques, más animales muertos y mayor presión sobre las explotaciones ganaderas", ha censurado Asaja.
El Ejecutivo central disponía hasta el 31 de diciembre para remitir a Bruselas la información correspondiente a las 'Directivas de la Naturaleza' (la de Aves, ya enviada, y la Directiva Hábitats, donde se incluye el lobo), tal y como recordó entonces el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, en declaraciones a Europa Press.
A finales de enero, la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra España por no haber entregado a tiempo el informe requerido por la Directiva Hábitats, documento que los Estados miembro deben presentar de forma periódica para analizar el estado de conservación de especies y hábitats protegidos. El expediente se ha puesto en marcha con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, primer trámite formal del proceso.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan, sin embargo, que existen diversos factores que alteran "de manera significativa" los datos de distribución y estado de conservación, por lo que consideran necesaria una revisión exhaustiva del informe antes de remitirlo.
El departamento ha indicado que no ha remitido "por el momento" el informe sexenal del lobo a la UE por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", explicaron a Europa Press fuentes de Transición Ecológica.