Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que la Comunidad Autónoma se verá obligada a reintegrar 35 millones de euros a la Unión Europea correspondientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, tal y como han corroborado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La organización agraria considera esta merma económica “muy grave” y prueba de una “deficiente gestión” de los fondos europeos destinados al medio rural, según ha trasladado en un comunicado.
La asociación recuerda que lleva tiempo alertando de que no es viable seguir anunciando nuevas medidas sin un seguimiento estricto de cómo se gestionan y ejecutan. “Más allá de los porcentajes de ejecución que se quieran destacar, la realidad es que 35 millones de euros es mucho dinero y no puede darse por bueno ningún resultado que termine con esa cantidad perdida”, recalca.
Asaja califica la situación de “lamentable e inaceptable”, al entender que ese presupuesto habría podido destinarse a actuaciones clave como el impulso de la agricultura ecológica, la incorporación de jóvenes agricultores o la modernización de numerosas explotaciones agrarias.
Debido a esta gestión deficiente, añade la organización, Castilla-La Mancha pasa a situarse entre las autonomías con peores niveles de ejecución del PDR, algo especialmente inquietante para el conjunto del sector agrario regional.
“A pesar del compromiso de la Consejería de Agricultura de que se pondría el máximo volumen de recursos para finalizar estos programas con éxito, acierto y diligencia, la realidad es que, al no haberse abonado esos 35 millones de euros antes de finalizar 2025, el dinero retorna a las arcas de la Unión Europea, sin posibilidad de recuperación para la región”.
Para Asaja, la verdadera eficacia de una medida depende de que sus requisitos sean asumibles y de que exista una gestión eficiente que garantice su cumplimiento. La organización insiste en que los Programas de Desarrollo Rural no pueden derivar en instrumentos para sufragar gastos superficiales o meramente simbólicos, sino que deben ser palancas efectivas para reforzar la rentabilidad, la competitividad y la resiliencia del sistema agroalimentario.
“No podemos permitir que se malgasten recursos en infraestructuras innecesarias o productos promocionales mientras miles de agricultores y ganaderos afrontan dificultades estructurales para sostener sus explotaciones. La interlocución real también se demuestra teniendo en cuenta el posicionamiento de los representantes del sector, y no limitándose únicamente a mantener reuniones”, han señalado.
La organización subraya que los fondos de desarrollo rural deben llegar al territorio, a los proyectos con capacidad transformadora, a la inversión productiva, al relevo generacional y al fortalecimiento de los pueblos. Para ello, concluye, resulta esencial una ejecución rápida y completa de los recursos, ya que una aplicación tardía o parcial pone en riesgo inversiones determinantes para el futuro del campo castellanomanchego.