El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha dado luz verde para que se puedan abatir lobos durante 174 cacerías destinadas a la captura de otras especies en las reservas regionales. Estas operaciones se realizarán entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre, y están encuadradas en el plan anual destinado a minimizar los daños ocasionados por estos cánidos.
En su intervención en la Junta General, el consejero Marcelino Marcos explicó la importancia de esta medida: “Hablar del lobo en Asturias es hablar de la ganadería extensiva, de la economía de centenares de familias, de la vida en los pueblos y del equilibrio de un territorio que constituye la esencia de nuestro medio rural”.
Marcelino Marcos destacó que los cambios en la Ley 1/2025 y la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) permiten a las comunidades autónomas adaptar la gestión de esta especie a las particularidades de cada región.
El consejero reafirmó su compromiso con una gestión sostenible y equilibrada de la población de lobos, siempre considerando los intereses de los ganaderos. Además, defendió la decisión del Principado diciendo que “No estamos hablando de una decisión improvisada, sino de una respuesta necesaria ante una realidad que amenaza la viabilidad de la ganadería extensiva”.
El programa de control del lobo para 2025-2026, que ha sobrevivido a diversos litigios administrativos y judiciales, autoriza la eliminación de hasta 53 ejemplares en áreas determinadas y cuenta con la colaboración de cazadores bajo supervisión técnica, para asegurar una ejecución organizada y respetuosa con la biodiversidad, según informó el Gobierno asturiano.
A pesar de las preguntas de los parlamentarios, Marcelino Marcos no reveló cuántos lobos se han abatido hasta la fecha, indicando que los datos completos se presentarán en marzo de 2026. Su falta de concreción ha provocado malestar en la oposición.
El diputado del PP Luis Venta criticó duramente al Gobierno, acusando al consejero de ocultar información y de menospreciar a los ganaderos. Además, Venta anunció acciones legales y prometió llevar el conflicto a los tribunales. Por su parte, Javier Jové de Vox exigió más transparencia y cuestionó la efectividad de las políticas implementadas, anunciando que solicitarán formalmente detalles sobre la gestión del lobo.