La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado tiene previsto aprobar un nuevo decreto con el objetivo de conservar las actuales políticas de control sobre la población de lobo, pero con plena seguridad jurídica. El departamento que dirige Marcelino Marcos adopta esta decisión tras analizar en detalle la reciente sentencia del Tribunal Supremo que deja sin efecto la aplicación del plan de control 2022-2023.
El Alto Tribunal estima los recursos presentados por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y Ecologistas en Acción Cantabria contra los métodos de gestión del lobo aplicados en Cantabria y Asturias.
En declaraciones a los medios, Marcelino Marcos ha señalado que la intención del Ejecutivo autonómico es adaptar el decreto con la mayor rapidez posible. En estos momentos el programa de control está paralizado. El responsable de Medio Rural confía en tener a finales de junio aprobada la modificación normativa para poder continuar con las extracciones. Del programa vigente y tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la consejería ha ejecutado ya el 80% del plan 2025-2026, con 42 ejemplares retirados: 31 abatidos y 11 fallecidos por otras causas.
Marcos ha detallado que tuvieron conocimiento de la resolución judicial este lunes y que, desde ese momento, se optó por suspender de forma cautelar los controles, a la espera de que los servicios jurídicos estudiasen a fondo el contenido del fallo.
Ha precisado igualmente que el Principado nunca llegó a aplicar el plan impugnado, el correspondiente a 2022-2023, por lo que, en la práctica, la sentencia no tiene efectos sobre actuaciones ya realizadas, dado que en esos ejercicios no se llevó a cabo ninguna extracción.
Sin embargo, el alcance de la decisión del Supremo va más allá de ese periodo, puesto que se refiere a una etapa en la que el lobo todavía figuraba en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
La sentencia incide en un precepto concreto, el artículo 7, apartado 5.a), del decreto autonómico de 2015, que contemplaba la fijación de cupos para determinar el número de capturas. Ese era el sistema que venía utilizando hasta ahora el Gobierno de Asturias.
No obstante, Marcos ha subrayado que el propio fallo ofrece una vía para reconducir la situación. En el texto se indica que “las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma”.
El Ejecutivo regional seguirá esa senda, con la tramitación de un nuevo decreto que permita restablecer el artículo anulado y continuar con el control de la especie.
Mientras se completa este procedimiento, el Principado ha decidido suspender la ejecución del programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, cuya vigencia concluye el 31 de marzo.
Hasta la fecha se han abatido 31 lobos, a los que se añaden otros 11 muertos por diferentes causas, lo que supone un total de 42 animales, equivalente al 80% de los 53 contemplados en el plan, cuando aún falta alrededor de mes y medio para su finalización.
“Si no hubiéramos tenido este contratiempo, probablemente estaríamos hablando a 31 de marzo de un cumplimiento del 100%, pero no vale llorar por la leche derramada”, ha señalado el consejero.
El Gobierno de Asturias defiende que las medidas de control sobre la población de lobo son imprescindibles para garantizar la convivencia de la especie con la ganadería extensiva, considerada una actividad clave para el medio rural y parte esencial del paisaje tradicional del Principado.
La Consejería de Medio Rural convocará en breve el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo y mantendrá reuniones con las organizaciones agrarias para detallar las modificaciones que harán posible continuar con los controles con todas las garantías legales.
“Lo que está claro es que las decisiones que tomamos, las tomamos como consecuencia de una sentencia que no nos gusta, no lo voy a negar, pero que la tenemos que acatar. Y lo que tenemos que dar es una respuesta ante una situación sobrevenida”, ha remachado.