Baleares y Canarias han solicitado a la Unión Europea que introduzca un tratamiento específico en las ayudas de minimis destinado a los territorios insulares.
Esta demanda se ha formalizado en una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, firmada por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.
La propuesta se plantea en el contexto de la revisión del reglamento comunitario que regula estas ayudas, tal y como ha informado en un comunicado la Conselleria.
En la misiva, ambos ejecutivos autonómicos subrayan que la insularidad provoca desventajas estructurales permanentes que afectan a la competitividad y a la viabilidad del sector primario, tanto agrícola como pesquero, y que dificultan su desarrollo en igualdad de condiciones.
Entre los elementos que señalan figuran la fragmentación territorial, la dependencia casi absoluta del transporte marítimo y aéreo, los sobrecostes logísticos asociados y el tamaño reducido de los mercados insulares.
Canarias y Baleares sostienen que el actual régimen de ayudas de minimis no recoge de forma adecuada la realidad de las islas ni permite a las administraciones intervenir con la intensidad necesaria para atender las necesidades del sector.
Por este motivo, reclaman que los territorios insulares sean reconocidos de forma explícita como una categoría diferenciada dentro del marco europeo de ayudas de Estado.
Esta actuación da continuidad al acuerdo hecho público el pasado mes de marzo por ambos gobiernos autonómicos, en el que ya se manifestó la intención de exigir conjuntamente a la Unión Europea un tratamiento específico en las ayudas de minimis ligado a la condición insular.
La solicitud conjunta contempla, entre otras cuestiones, elevar los límites máximos de las ayudas de minimis para las islas, flexibilizar las restricciones aplicables al transporte de insumos y materias primas esenciales y adaptar el régimen a las singularidades de la industria agroalimentaria insular, con especial atención a las empresas que operan principalmente con producto primario local.
Los dos gobiernos autonómicos piden igualmente que este enfoque particular se extienda al sector pesquero, dado que en Canarias y Baleares la pesca se basa mayoritariamente en una flota artesanal y de pequeña escala, muy vinculada al territorio y sometida a elevados sobrecostes estructurales.
Asimismo, los ejecutivos insisten en que adecuar el régimen de minimis a las especificidades insulares no supone una ventaja competitiva injustificada, sino un instrumento imprescindible para garantizar la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo.
Por último, ambas comunidades reiteran su compromiso con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo rural, y expresan su confianza en que esta propuesta sea considerada en el actual proceso de revisión normativa.