QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de Canarias junto con los siete cabildos insulares han exigido la permanencia de un POSEI único, con fondos asignados directamente por la Unión Europea, firmando un manifiesto en contra de las directrices del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
Esta propuesta europea afectaría directamente la financiación del POSEI, integrándolo en el plan nacional, lo que implicaría su dependencia del Gobierno de España, tal como informó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Coordinación y rechazo a la propuesta europea
En un encuentro presidido por Narvay Quintero, consejero regional del área, con otros responsables de los cabildos con funciones en agricultura y pesca, se subrayó la necesidad de coordinar acciones y optimizar recursos, adaptándolos a las características específicas de cada isla. “Es sumamente importante para aunar esfuerzos, planificar de forma coordinada, y optimizar recursos públicos adaptando las políticas regionales a las particularidades de cada una de las islas”, declaró.
En la reunión, se firmó un acuerdo que aboga por mantener el POSEI como una herramienta autónoma frente a la nueva estrategia de la Comisión Europea que lo diluye dentro del plan nacional sin una asignación presupuestaria estable. Por ello, el manifiesto refleja una oposición firme a esta nueva visión europea para el MFP 2028-2034 y demanda un trato justo y especializado que refleje la realidad canaria.
Adicionalmente, el documento solicita un aumento en la próxima ficha financiera que compense el incremento en los costes de producción y propone la creación de un POSEI específico para la pesca, similar al existente para la agricultura.
La Comisión Europea también ha sugerido la desaparición de los fondos FEAGA, FEADER y FEMPA, reemplazándolos por un fondo único que combina los objetivos de varias políticas, generando preocupación en el sector agrario y pesquero por la competencia por fondos, lo que podría reducir los recursos disponibles.
“Esta reivindicación es una cuestión de justicia para todos y todas las profesionales del sector primario que día a día desarrollan su actividad en cada una de las islas”, afirmó Quintero. “Nuestra responsabilidad es defender un tratamiento diferenciado en el presupuesto comunitario de la actividad agraria y pesquera de las RUP, tal y como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento del UE, para garantizar el futuro del campo en Canarias”, concluyó.
