QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo canario y los siete cabildos insulares han exigido la continuación de un POSEI especial que cuente con financiación establecida por la Unión Europea, y han firmado un documento en el que expresan su rechazo a la iniciativa del nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034.
La propuesta europea en cuestión pondría en riesgo la asignación de fondos específicos para el POSEI, integrándolo en las acciones del plan nacional y dejándolo, por ende, bajo la gestión del Gobierno de España, de acuerdo con lo comunicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Colaboración Interadministrativa
En una reciente reunión, Narvay Quintero, consejero regional del área, se reunió con consejeros y otros cargos insulares con responsabilidades en agricultura y pesca, para fomentar la colaboración entre administraciones. “Es sumamente importante para aunar esfuerzos, planificar de forma coordinada, y optimizar recursos públicos adaptando las políticas regionales a las particularidades de cada una de las islas”, declaró.
En este encuentro, se acordó demandar la continuidad del POSEI como un instrumento autónomo, en contraposición al nuevo enfoque de la Comisión Europea que amenaza con diluir su propósito al incorporarlo como una intervención más en el plan nacional y sin una dotación económica fija.
El documento firmado también refleja una oposición clara a la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo MFP 2028-2034 y solicita un trato justo y específico que se adapte a la realidad canaria. Además, pide un incremento en la próxima asignación financiera que compense el aumento de los costes de producción y la creación de un POSEI Pesca, parecido al existente para productos agrícolas.
La posible eliminación de los fondos FEAGA, FEADER y FEMPA en favor de un único fondo multifuncional que combina metas de varias políticas también ha sido motivo de disconformidad entre los profesionales del sector agrario y pesquero, al tener que competir con otras políticas por los fondos, lo que probablemente reducirá los recursos disponibles.
“Esta reivindicación es una cuestión de justicia para todos y todas las profesionales del sector primario que día a día desarrollan su actividad en cada una de las islas”, explicó Quintero. “Nuestra responsabilidad es defender un tratamiento diferenciado en el presupuesto comunitario de la actividad agraria y pesquera de las RUP, tal y como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento del UE, para garantizar el futuro del campo en Canarias”, añadió.
