El Gobierno de Canarias ha reiterado que en mayo de 2025 se alcanzó un acuerdo con la empresa responsable de las granjas marinas de Telde (Gran Canaria) para poner fin a su actividad en ese enclave y ejecutar un plan de retirada de las instalaciones durante 2026.
Según ha señalado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en un comunicado, mediante dicho pacto la compañía aceptó el desmantelamiento de las estructuras amparadas por una concesión anterior a la entrada en vigor del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), otorgada por el Ministerio de Medioambiente en 1999 por un periodo de 30 años, con vencimiento en 2029.
Tras la aprobación definitiva del PROAC en 2018, el Ejecutivo autonómico fijó el marco jurídico aplicable a las concesiones y autorizaciones ya emitidas y en vigor para el desarrollo de la acuicultura en el archipiélago.
En este contexto, el departamento regional explicó que, para las instalaciones de Telde, se ha previsto su retirada con el objetivo de reubicarlas en áreas catalogadas como Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA).
La empresa presentó un plan apoyado en criterios técnicos y estructurales para ejecutar un desmantelamiento gradual y seguro. El documento detalla la clasificación de todos los componentes de la granja, tanto los viveros como otros elementos auxiliares, entre ellos redes, cabos de amarre, balizas o boyas, con vistas a su posterior reciclaje o valorización.
El plan incluye además un calendario de extracción diseñado para reducir al mínimo los riesgos para los animales y garantizar una clausura operativa ordenada de la explotación acuícola.
Tras el episodio de mortandad comunicado por la empresa a comienzos de octubre de 2025, las inspecciones sucesivas del Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca han verificado las tareas de limpieza realizadas, la ausencia de mortalidad fuera de los parámetros habituales y el comportamiento normal de los peces en seis controles efectuados entre el 5 de noviembre y la última revisión, llevada a cabo el 5 de febrero.
La Consejería subrayó igualmente que continúan las pesquisas en los procedimientos abiertos por los órganos y autoridades competentes, en este momento el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente, con el fin de esclarecer el origen del suceso ocurrido en la costa de Telde que causó la muerte de peces en las instalaciones acuícolas.