El porcino catalán atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la detección de un foco de peste porcina africana (PPA) en la fauna silvestre, con 26 jabalíes contagiados, un episodio que ha sacudido uno de los motores económicos de Catalunya y que, según el investigador del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra), Mauro Castro, pone de relieve un modelo agroindustrial “frágil”.
Castro, autor principal del informe “Infraestructures per a l'alimentació sostenible” presentado este miércoles por Idra, subraya que en los últimos 40 años el porcino se ha ido concentrando de forma acelerada: desde 1982, el número de explotaciones se ha desplomado un 80%, hasta unas 4.400 granjas, mientras el censo de cerdos se ha triplicado, superando ya los ocho millones de animales.
En la actualidad, cinco grandes grupos en Catalunya —Vall Companys, BonÀrea, Casa Tarradellas, Costa Brava Foods y Olot Meats Group— alcanzaron en 2024 una facturación agregada de 10.700 millones de euros y unos beneficios de 500 millones, con solo tres mataderos concentrando en torno al 60% de los sacrificios de porcino que se realizan cada año en el territorio.
Este proceso ha provocado, advierte el investigador, que las explotaciones hayan pasado de albergar poco más de 120 cerdos de media a superar los 2.000 animales por granja, configurando macroexplotaciones donde la elevada densidad de ganado y el uso intensivo de antibióticos favorecen la aparición y propagación de nuevas cepas.
Si se detecta un cerdo infectado dentro de una explotación, la normativa obliga a sacrificar la totalidad de los animales, un escenario para el que ya se han diseñado distintas líneas de apoyo económico tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno central. Sin embargo, este despliegue de fondos públicos también pone de manifiesto la vulnerabilidad estructural y la fuerte dependencia de las ayudas de “un modelo tan importante para la economía catalana”.
Peso económico y transformación del sector
Los datos del estudio muestran que, en el último medio siglo, Catalunya ha apostado decididamente por la carne de cerdo, consolidando un sistema productivo muy industrializado y concentrado que ya representa alrededor del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial catalán.
Si se tiene en cuenta toda la cadena de valor —desde la fase de cría hasta la comercialización y la exportación—, el porcino aporta entre el 1% y el 3% del PIB catalán y sostiene entre 30.000 y 50.000 empleos directos e indirectos.
“El despliegue de esfuerzos que se ha hecho por veinte casos positivos demuestra la importancia que tiene el sector porcino en la economía, también porque también ha permitido repoblar e impulsar zonas rurales de Catalunya”, ha explicado Castro.
Precisamente esta relevancia económica, insiste el investigador, explica el volumen de recursos públicos movilizados para evitar una crisis de mayor calado, sobre todo en el ámbito de las ventas al exterior, destino de cerca del 80% de la carne porcina que se produce en Catalunya.
Concentración y cambio de modelo
Una parte sustancial de esta concentración se ha producido, además, por la presión ejercida sobre los pequeños propietarios de explotaciones, que ante la creciente competencia de las grandes compañías terminan integrándose en ellas y trabajando bajo sus condiciones.
“Ha ocurrido una especie de proceso de 'uberización', por el que, igual que ha pasado con los propietarios de los taxis, los ganaderos ya no son propietarios de sus cerdos, sino que se convierten en asalariados de estas grandes empresas”, relata Castro.
De acuerdo con el investigador de Idra, en torno al 80% de los ganaderos catalanes opera ya bajo este esquema de integración en las cinco grandes firmas citadas.
Castro remarca, además, que “no se puede culpar al ganadero tradicional por sucumbir ante las grandes empresas”, y plantea que la respuesta debe pasar por impulsar un modelo alternativo que haga posible unas condiciones laborales dignas en el campo.
Mataderos, infraestructura estratégica
Para Idra, uno de los elementos clave a la hora de revertir la dinámica actual son los mataderos, históricamente de titularidad municipal y que han ido desapareciendo hasta quedar apenas 42 instalaciones públicas en toda Catalunya, 200 menos que hace cuatro décadas.
“Antes existía un matadero en cada pueblo, eran servicios básicos como una escuela o una biblioteca pública, que eran fundamentales para que las granjas pudieran transformar su producto y alimentar a la zona”, relata Castro.
El auge del negocio porcino y la irrupción de grandes compañías que asumen estas tareas “han eliminado la obligatoriedad” para las administraciones de mantener estos equipamientos, lo que deja en una posición muy débil a las explotaciones que siguen en manos de pequeños propietarios.
Según explica el investigador, sin un matadero próximo al que las 18 granjas de cerdo ecológico que aún resisten en Catalunya puedan enviar sus animales, el resto de esfuerzos por producir en proximidad pierde sentido, incrementando la vulnerabilidad de estos proyectos alternativos.
El ejemplo de L'Armentera
El informe toma como referencia el caso del matadero municipal de L'Armentera (Girona), de titularidad pública y gestionado como cooperativa rural, que demuestra cómo “un matadero cooperativo puede funcionar como un nódulo económico”.
El investigador sostiene que existen otras instalaciones similares, hoy cerradas, como ocurre en la zona del Empordà (Girona), donde las administraciones podrían reactivar estos equipamientos “sin necesidad de mucha inversión”.
Entre las medidas que plantea el estudio para extender el modelo de L'Armentera al conjunto del territorio se incluyen la creación de un Plan Nacional de Mataderos de Baja Capacidad, el impulso de la contratación pública en el sector y la aprobación de una moratoria a las macrogranjas y grandes mataderos que obligue a diseñar un plan de desescalada de la concentración actual.