Castilla y León ha comunicado este jueves que, junto a otras trece comunidades autónomas, emprenderá acciones legales contra el Gobierno central después de que en julio de 2025 expirase el plazo del Ministerio para la Transición Ecológica para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de diversas especies de interés comunitario, entre ellas el lobo ibérico.
Para poder sacar adelante ese informe es imprescindible la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que solo puede convocarse si al menos un tercio de las comunidades lo solicita. Esa petición se ha formulado en varias ocasiones, concretamente los días 21 y 24 de julio de 2025 y el pasado 5 de mayo, sin que el Ministerio haya dado respuesta alguna.
Ante la falta de convocatoria, las comunidades autónomas preparan nuevas demandas contra el Ministerio por vulnerar tanto la legislación española como la normativa comunitaria, ya que España, al igual que el resto de Estados miembros, debe informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas. Ese plazo concluyó el 25 de julio del pasado año.
El proceso para aprobar el informe se puso en marcha el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobó una propuesta para elevarla a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Dicha reunión se fijó para el 22 de julio de 2025, pero el Ministerio la canceló el día anterior, “sin justificación”, según ha señalado la Junta.
Más tarde, los días 21 y 24 de julio de 2025, las comunidades de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla reclamaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial.
El Ministerio rechazó esas solicitudes, lo que llevó incluso a que alguna de las comunidades iniciara ya procedimientos judiciales que siguen pendientes de resolución.
Posteriormente se sumó Canarias y, en conjunto, todas ellas volvieron a requerir el pasado 5 de mayo la convocatoria urgente de la reunión. La ausencia de respuesta por parte del Ministerio ha empujado ahora a estas catorce comunidades a emprender nuevas acciones judiciales para forzar el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
En ocasiones anteriores, el Ministerio para la Transición Ecológica ha esgrimido distintos argumentos para justificar su negativa, entre ellos que los incendios registrados en 2025 podrían condicionar el contenido del informe, pese a que el documento solo evalúa el periodo 2019-2024.
El último motivo aducido por el Ministerio, según una nota de prensa difundida este miércoles, es que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable, cuando en la actualidad habría 333.
Las comunidades autónomas niegan esta interpretación y sostienen que la Comisión Europea no ha fijado de forma oficial ese umbral.