La Plataforma Ecologista Madrileña ha reclamado a las administraciones con competencias en la materia que intensifiquen la vigilancia sobre la gestión de los purines generados en explotaciones ganaderas de la comarca del río Guadalix, tras denunciar vertidos irregulares que podrían estar contaminando las aguas y afectando al embalse de Pedrezuela, considerado una reserva estratégica del Canal de Isabel II.
Este colectivo —formado por la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, ABRA, Jarama Vivo y Liberum Natura— ha advertido de que la actividad ganadera en municipios como Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra y Navalafuente estaría originando balsas de purines y acopios de estiércol sobre suelos sin impermeabilizar y sin las preceptivas autorizaciones ambientales, una práctica que califican de ilegal y que, a su juicio, estaría siendo consentida por la Administración.
Los ecologistas recuerdan que ya en 2019 pusieron en conocimiento de las autoridades la presencia de balsas de purines en las proximidades del río Guadalix, cuya retirada no se produjo hasta 19 meses más tarde, tras la intervención del Defensor del Pueblo. Posteriormente, en octubre de 2024, se impuso una sanción de 45.000 euros a una explotación por mantener un almacén de estiércol junto al arroyo Albalá, aunque, según denuncian, la actividad continúa un año después sin licencias ni control ambiental.
La Plataforma ha subrayado que la contaminación derivada de los purines representa un peligro para la potabilidad del agua y la salud tanto de la población como del ganado, favorece procesos de eutrofización y pone en riesgo los ecosistemas acuáticos de la zona.
En este escenario, han puesto el foco en el caso de Navalafuente, donde residentes del municipio denuncian la actividad de una explotación con unas 1.000 cabezas de ganado semiestabulado, ubicada muy cerca de viviendas, un centro escolar y el núcleo urbano, y que, según afirman, funciona sin licencia actualizada ni evaluación de impacto ambiental.
La Comunidad de Madrid estudia sanciones por los vertidos
Ante estas quejas, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press han indicado que la Comunidad de Madrid lleva a cabo desde el pasado mes de junio el seguimiento de los vertidos incontrolados detectados en parcelas y vías pecuarias tanto de Venturada como de Guadalix de la Sierra.
El caso se encuentra en la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuyos técnicos han inspeccionado los terrenos afectados y han revisado las fotografías e informes remitidos por el Ayuntamiento de Venturada, relativos a vertidos de residuos de naturaleza orgánica y a la maquinaria utilizada para realizarlos.
De acuerdo con el Ejecutivo regional, tras estudiar la documentación enviada se cursó un requerimiento formal al responsable de los vertidos para que corrigiera las irregularidades detectadas y se ajustara a la normativa vigente.
Pocas semanas después, en agosto, esta persona comunicó que había suscrito un contrato con una planta de biogás para gestionar la fracción líquida y una parte de la fracción sólida no utilizada en la explotación, con el fin de valorizar los residuos. Además, presentó alegaciones frente al requerimiento.
Sin embargo, tras considerar que las alegaciones resultaban insuficientes, la Comunidad está redactando un borrador para un posible doble expediente sancionador, que podría implicar multas de hasta 30.000 euros por afección a vías pecuarias y de hasta 1.000 euros por daños ocasionados en terrenos agrícolas.