La Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM) ha denunciado este miércoles que numerosos ayuntamientos están exigiendo el pago del IBI a estas entidades, aun cuando la normativa establece que están exentas, e incluso después de haber acudido a la vía judicial y obtener dos sentencias que respaldan su postura.
Representantes de la Organización expusieron esta situación en una rueda de prensa en Vigo, aprovechando la presentación de su asamblea general anual, que se celebrará este sábado en Gondomar, así como del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes, previsto para el mes de mayo en Allariz (Ourense).
Según ha explicado Antonio Cajide, pese a que las comunidades de montes están “exentas por ley” del abono de este tributo, son muchos los consistorios que continúan emitiendo los recibos. Ha citado, entre otros, los casos de Vigo, Mos, Pazos de Borbén, Cangas, A Pobra, Rianxo, Tomiño, Poio o Gondomar, especialmente en municipios con montes periurbanos.
En buena parte de los casos, la gestión del impuesto recae en las diputaciones, como sucede con el servicio ORAL de la Diputación de Pontevedra. “Pero al reclamar allí, dicen que se limitan a cobrar a las entidades que les pasan los ayuntamientos, y en los ayuntamientos te remiten a la Diputación (...), se pasan la pelota unos a otros”, ha señalado, al describir el cruce de responsabilidades entre administraciones.
Ante este escenario, la Organización interpuso dos recursos contencioso-administrativos y, aunque las resoluciones judiciales resultaron favorables a las comunidades de montes, muchos ayuntamientos “siguen cobrando”. Tal y como ha indicado Cajide, estas entidades “tienen que pagar y luego, con la sentencia que les da la razón, ir a reclamar”, asumiendo primero el desembolso y después un complejo proceso de devolución.
Este cobro “ilegal” del IBI será uno de los asuntos centrales en la asamblea general del sábado y en el Congreso que se celebrará en mayo. En ambas citas también se analizará la próxima normativa autonómica sobre comunidades de montes y su impacto en la gestión de estos terrenos.
En relación con esa futura ley, el presidente de la ORGACCMM, Xosé Alfredo Pereira, ha advertido de la “intención” de la Xunta de “privatizar y municipalizar” los montes. Asimismo, ha avanzado que se debatirá sobre la “falta de alternativas reales” tras la ola de incendios del pasado verano, junto con otros problemas que afectan a estos espacios.
Por su parte, la presidenta del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes, Eva Pereira, ha llamado a las comunidades a implicarse en este foro, en el que se abordarán cuestiones como esa “nefasta intención” de la futura ley de montes vecinales, el mantenimiento de la titularidad vecinal de los montes y las fórmulas para su aprovechamiento.