El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía mantuvo este viernes un desayuno de trabajo con la eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo, en el que se analizaron cuestiones clave para el campo andaluz, entre ellas las ayudas europeas destinadas a compensar los graves daños sufridos por explotaciones, instalaciones e infraestructuras rurales tras el reciente tren de borrascas que ha golpeado la comunidad.
Esta cita se suma a las reuniones celebradas en Bruselas entre eurodiputados españoles y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el propósito de que las singularidades agrarias del territorio andaluz y de quienes dependen profesionalmente de él --agricultores y ganaderos-- se reflejen adecuadamente en las decisiones y normativas comunitarias, según ha señalado la organización en una nota de prensa.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, volvió a recalcar la urgencia de que la Unión Europea ponga en marcha sin demora todos los mecanismos de apoyo posibles, de modo que “lleguen al sector de la mejor manera posible”, ya que Andalucía “es una potencia agroalimentaria y no nos podemos permitir perder ni a uno sólo de nuestros productores por los daños del temporal”.
Torres ha incidido en que, “somos la despensa de Europa y tenemos que seguir alimentando a los ciudadanos europeos y al mundo, para lo que tenemos que recuperar nuestra actividad de manera urgente”. A partir de las primeras valoraciones de daños en el campo andaluz, y a la espera de que concluyan las peritaciones, se estima una pérdida económica en torno a los 3.500 millones de euros. En este contexto, la eurodiputada del PP Carmen Crespo ha explicado que, tras sus contactos con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Rafal Fitto, se han abierto tres cauces de apoyo financiero.
El primero es la reserva de crisis, un instrumento de la PAC dotado en la actualidad con 450 millones de euros, aunque el nuevo marco financiero contempla su ampliación por encima de los 6.000 millones. “Desde una perspectiva política y técnica, el precedente de Valencia --que recibió 154 millones-- se establece como el baremo mínimo de negociación para que se exija la máxima asignación de recursos para Andalucía”, ha apuntado la europarlamentaria.
En segundo lugar, Crespo ha aludido al Fondo de Solidaridad. Sobre este mecanismo, ha subrayado que Andalucía necesita “de una tramitación ágil para evitar que el retraso en la presentación de datos por parte del Estado demore la llegada de la liquidez necesaria al sector” y ha reclamado al Ministerio que “actúe con celeridad administrativa en la elaboración del expediente”. Como referencia, ha citado el caso de Valencia, que solicitó 900 millones de euros con un anticipo de 100 millones.
La tercera vía mencionada por Carmen Crespo es el Programa Restore, una herramienta aún pendiente de aprobación y sin cuantía cerrada, que ha calificado como un instrumento “crítico” para reprogramar fondos FEDER y destinar recursos a la reconstrucción de infraestructuras básicas, como caminos rurales y carreteras seriamente dañados por el temporal.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se ha reclamado una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para activar cuanto antes estos canales de financiación. Asimismo, la organización ha pedido que las ayudas europeas contemplen también actuaciones en materia de infraestructuras hídricas. En este punto, Fulgencio Torres ha recordado que “el agua sigue siendo una prioridad absoluta para la competitividad del sector. Aunque ahora, tras el temporal, pensemos que el agua nos sobra, lo cierto es que seguimos sin contar con suficientes infraestructuras hídricas para almacenar las lluvias, lo que nos expone a futuras épocas de escasez. Ya no llueve igual que antes, lo hace de manera distinta. Y tenemos que estar preparados haciendo inversiones”, ha recalcado.
Durante la reunión también se trataron otros temas de calado, como el diseño de las ayudas de la nueva PAC post 2027 para el campo andaluz y el próximo marco financiero plurianual. En relación con el objetivo rural adicional, dotado con 48.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a España, Carmen Crespo ha considerado que “resulta inaceptable que el regadío no figure explícitamente”, y ha avanzado que reclamará que el regadío se incluya de forma expresa en los reglamentos.
Respecto a las intervenciones sectoriales, Crespo ha remarcado que es esencial asegurar que las ayudas alcancen a las Organizaciones de Productores (OP). “No basta con apoyar al agricultor individual; se debe invertir en las estructuras comerciales y de innovación de las cooperativas”, ha enfatizado. Además, ha advertido de que la defensa del modelo productivo andaluz pasa por una reforma profunda de la gobernanza en frontera para frenar la competencia desleal de terceros países.
En este sentido, ha detallado como compromisos del comisario europeo de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, el aumento del 50% del número de auditores encargados de las inspecciones sobre el terreno, así como la formación y despliegue de 350 nuevos funcionarios especializados en materia agroalimentaria en el conjunto de la Unión Europea. Finalmente, Crespo ha indicado que el Partido Popular Europeo plantea la creación de un ‘Frontex Agroalimentario’, cuyo cometido sería “garantizar que cada producto que cruce la frontera cumpla estrictamente con los estándares que se exigen a nuestros productores”.