El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental de Cantabria se ha adherido a un manifiesto promovido por los 44 grupos de acción local pesqueros de España y por representantes de 1.200 entidades ligadas al sector, en el que se advierte del “peligro” que entraña la reforma del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 y se reivindica el papel del desarrollo local participativo en las zonas de pesca.
Este manifiesto se ha enviado a las principales instituciones europeas y nacionales con competencias en la materia. Paralelamente, los firmantes han pedido mantener un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de tratar la garantía de los recursos económicos destinados al sector.
En el texto, los grupos alertan de que la posible integración del desarrollo local participativo pesquero en el enfoque rural LEADER supondría “un retroceso”, ya que ambos esquemas responden a contextos territoriales y socioeconómicos “muy diferentes”.
Subrayan además que las comunidades pesqueras “no piden privilegios, sino confianza y medios para seguir siendo motor de desarrollo, innovación y sostenibilidad en el litoral español y europeo”, algo que, señalan, “avalan los propios datos objetivos”.
El GAC recuerda en un comunicado que el desarrollo local participativo se ha consolidado como una herramienta “eficaz, participativa y esencial” para la cohesión territorial, con resultados “ampliamente contrastados”. Entre 2014 y 2020, los grupos españoles pusieron en marcha 2.645 proyectos con una inversión superior a 170 millones de euros, alcanzando un 96 por ciento de ejecución de los fondos asignados.
En el ámbito concreto del GAC Oriental de Cantabria, desde 2017 se han respaldado 163 proyectos como entidad colaboradora de la Consejería de Pesca, movilizando una inversión en la comarca de 7 millones de euros por parte de los promotores, que permitió crear 126 empleos y mantener otros 257.
Por todo ello, el manifiesto sostiene que el desarrollo local participativo fortalece la cohesión territorial y social de los municipios costeros; favorece la sostenibilidad, la innovación y la diversificación de la Economía Azul; impulsa la gobernanza compartida y hace posible apoyar iniciativas que “difícilmente accederían a otras vías de apoyo”.










