El director xeral de la PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, ha encabezado este jueves la sesión inaugural para constituir el Observatorio de Precios de Galicia, el nuevo órgano que seguirá la evolución de las cotizaciones en el campo gallego.
Según ha señalado la Xunta en un comunicado, “este nuevo mecanismo se enmarca dentro del paquete de medidas, a corto y largo plazo, propuesto por la Consellería de Medio Rural para defender a los agricultores y ganaderos gallegos ante las implicaciones que tendrá el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el sector primario”.
Con este observatorio se realizará una monitorización constante de los precios de los distintos productos agroalimentarios, con el fin de “tener así la capacidad de actuar en el caso de detectar alteraciones”.
Durante la reunión se analizó cómo se desarrollará esta herramienta, “que jugará un papel fundamental en el impulso del sector primario en este nuevo escenario de comercio internacional”. Está previsto que se celebren nuevos encuentros para compartir los progresos, evaluar resultados y fijar las próximas líneas de actuación.
En la cita han participado representantes de la lonja de Silleda y de Ternera Gallega, además de distintas organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y consejos reguladores, agrupados a través de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un paquete de actuaciones que contempla un plan de control específico en Galicia sobre las importaciones, el refuerzo de la estrategia de promoción de los alimentos gallegos y de los canales de comercialización cortos y de proximidad, el diseño de una estrategia para potenciar la exportación y la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores.
La Consellería de Medio Rural suscribió la pasada semana una declaración conjunta con Unións Agrarias y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) para que, en caso de que el tratado con Mercosur llegue a aplicarse, se exija una puesta en práctica reforzada del acuerdo y de sus cláusulas de salvaguarda. El documento recoge 11 demandas dirigidas a la Unión Europea y al Gobierno central.