Ganaderos y agricultores de Galicia han recibido “positivamente” la decisión del Parlamento Europeo de llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo UE-Mercosur, ante las dudas sobre su encaje con el Derecho comunitario. Este movimiento paralizará en la práctica el proceso de ratificación del tratado, aunque no necesariamente su posible aplicación provisional, que quedaría en manos de la Comisión Europea.
En Lugo, los ganaderos concentrados en la ciudad decidirán esta noche si continúan o no con la movilización. Tras diez días de protestas ininterrumpidas en la capital lucense, la resolución de la Eurocámara ha sido recibida con gran satisfacción por los manifestantes. Muchos de ellos ya habían planteado cambiar la estrategia y apostar por acciones puntuales, retirando los tractores de las calles. Desde el 12 de enero, cerca de 150 vehículos permanecen ocupando uno de los carriles de la ronda de la Muralla, una situación que, unida al desgaste físico y a la necesidad de atender las explotaciones, ha complicado el día a día de los participantes y ha generado importantes problemas de tráfico en la ciudad.
Las organizaciones que impulsan estas protestas, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, esperarán a la asamblea que celebran cada noche, a partir de las 22,00 horas, para adoptar una postura definitiva sobre la continuidad de las movilizaciones en Lugo.
Los convocantes consideran alentadoras las noticias procedentes de Bruselas, aunque recuerdan que, pese a la suspensión de la ratificación, sigue abierta la puerta a una aplicación provisional del acuerdo, que dependerá de la decisión de la Comisión Europea.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al TJUE, promovida por la izquierda europea, ha prosperado con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, impulsada por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa, fue rechazada al obtener 225 apoyos, frente a 402 votos en contra y 13 abstenciones.
Para Agromuralla, someter este tratado al escrutinio de la justicia europea supone un “paso necesario que ya se tenía que haber dado”, en palabras de su presidenta, Noelia Rodríguez.
“La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tiene una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es impreccindible”, ha concluido.
Los ganaderos lucenses subrayan que la presión social ejercida por organizaciones agrarias en distintos puntos de España, Galicia y Europa ha sido “crucial” para llegar a este escenario. También asumen que la decisión sobre mantener o no las protestas estará muy condicionada por lo que finalmente determine el Tribunal de Justicia.
SITUACIÓN EN OURENSE
En la provincia de Ourense, el portavoz de las protestas y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, avisa de que van “a seguir protestando”, aunque analizarán colectivamente los próximos pasos del movimiento.
Advierte de que “esto no está ganado”, si bien considera “un gran logro” la decisión adoptada por la Eurocámara. “Si España no se lanzase a la calle, Francia no podría haberlo conseguido sola; si en Ourense, independientemente de que todo el mundo dijese que no era el momento, si no hubiésemos salido a las calles creo que el resto de España no lo habrían hecho tampoco”, opina. “Hemos demostrado que un pueblo unido puede cambiar muchas cosas que de primeras creemos que son incambiables”, agrega.
Gómez recalca que el campo seguirá movilizado por otros frentes abiertos, como la vacunación frente a la enfermedad nodular o la futura Política Agrícola Común (PAC). “Queremos una reunión con un cargo del Ministerio de Planas, hasta que no tengamos esa reunión no nos vamos a mover”, advierte, y no descartan trasladar las protestas a otros puntos del territorio.
VALORACIÓN DE UNIÓNS AGRARIAS
Unións Agrarias también valora “positivamente” la decisión del Parlamento Europeo. “En un acuerdo tan importante como UE-Mercosur, poner el proceso bajo control jurídico no solo es razonable, es imprescindible”, razona la organización.
El sindicato reclama despejar todas las incógnitas legales antes de seguir adelante con un pacto de este calibre, algo que, a su juicio, “no es poner palos en las ruedas, sino actuar con responsabilidad”. “La seguridad jurídica es una garantía para todos, no un obstáculo”, apostilla.
Unións Agrarias detalla que, a partir de ahora, se abre una fase de espera en el proceso de ratificación. “Esa espera durará hasta que el Tribunal emita su dictamen, un proceso que puede llevar tiempo, pero cuyo resultado será vinculante desde el momento en que se conozca”, relata.
Y explica que ese dictamen puede tener distintos efectos: desde frenar el acuerdo tal y como está, hasta permitir que siga adelante pero con cambios y condiciones.
La organización recuerda que la decisión de la Eurocámara detiene la ratificación definitiva, pero no la posible aplicación provisional. “Esa aplicación provisional, que puede decidir el Consejo de la Unión Europea, haría que partes del acuerdo entraran en vigor en la práctica, sin ratificación parlamentaria y sin dictamen jurídico. Y eso supone un riesgo evidente de inseguridad, especialmente para los sectores más expuestos”, insiste.
“Por eso ahora el Parlamento Europeo tiene que decidir si da un paso más y adopta medidas para evitar que el acuerdo se aplique provisionalmente mientras no exista una base jurídica clara y definitiva”. Unións Agrarias asegura que va “a seguir trabajando durante este periodo de espera, en contacto con los sectores más afectados”.
“Nuestro objetivo es claro: si este acuerdo acaba avanzando hacia la ratificación, debe hacerlo con garantías reales, con reglas claras y con mecanismos de control efectivos. Porque no se puede aplicar un acuerdo de estas dimensiones sin seguridad jurídica para el sector agrario. And eso requiere trabajo, no consignas simples”, concluye.