Un grupo de investigación de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha evaluado el impacto ambiental de los descartes de frutas y hortalizas en España entre 2018 y 2024. Para ello, calcularon las huellas hídrica y de carbono generadas por estos desechos antes de que llegaran al mercado.
Desde el CSIC se informa que se han desechado más de 480.000 toneladas de productos en este periodo, consumiendo cerca de 36 hectómetros cúbicos de agua, equivalentes a 36.000 millones de litros, suficientes para llenar 14.400 piscinas olímpicas. Las emisiones de dióxido de carbono asociadas fueron de casi 37.000 toneladas.
España, que enfrenta un alto riesgo de estrés hídrico, ha desarrollado una sólida industria agrícola que maximiza el uso de recursos hídricos a través de embalses, trasvases, explotación de acuíferos y plantas desaladoras, sustentando tanto la demanda interna como un robusto sector exportador.
Jaime Martínez Valderrama, investigador de la EEZA-CSIC y líder del estudio, junto a colaboradores de la Universidad de Alicante y la King Abdullah University of Science and Technology, ha indicado que el modelo actual encubre grandes ineficiencias. ‘El desequilibrio creciente entre la demanda y la disponibilidad de agua, agravado por el cambio climático, coloca a España entre los países con mayor estrés hídrico del mundo’. En este escenario, el desperdicio de alimentos tiene un impacto especialmente severo, ya que cada producto desechado también implica el desperdicio de agua, energía y emisiones.
El equipo de investigación subraya un problema estructural en el modelo agroalimentario que, enfocado en la rentabilidad inmediata y la competencia en precios, tiende a obviar los costes sociales y ambientales de la producción. Esto lleva a la sobreexplotación de recursos, degradación del suelo y condiciones laborales precarias. ‘La gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro de un sector esencial en un país cada vez más expuesto a la escasez de agua’, enfatiza Martínez Valderrama.