La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se equivocó al anular una corrección financiera de 10 millones de euros impuesta a España por la Comisión Europea en 2022, y plantea que el asunto regrese al tribunal de primera instancia para que se pronuncie sobre varios argumentos del Gobierno español que quedaron sin valorar.
El litigio se origina en una decisión de la Comisión de 2022 por la que se impuso a España una sanción de 9.968.215,15 euros al entender que no había verificado si los agricultores de Castilla y León respetaban la flora silvestre y sus hábitats, requisito ligado al cobro de ayudas de la PAC.
En 2024, el TGUE dejó sin efecto la sanción al aceptar la tesis de España, que en su recurso defendió que no podía fiscalizar el cumplimiento de obligaciones que no estaban previamente concretadas: al no haberse aprobado planes de conservación de flora silvestre en Castilla y León, no existían compromisos precisos para los agricultores ni, en consecuencia, parámetros que las autoridades pudieran someter a control.
La jurista europea, cuya opinión no vincula formalmente al TJUE cuando dicte su fallo aunque suele orientar la mayoría de sus resoluciones, entiende ahora que el TGUE incurrió en error al concluir que España quedaba exenta de efectuar controles agrarios en Castilla y León por no haber definido antes los planes de protección de la flora silvestre.
En su análisis afirma que un Estado miembro no puede sustraerse a su obligación de control amparándose en su propia falta de actuación a la hora de concretar las exigencias que deben observar los agricultores, ya que admitir esta lectura pondría en cuestión el funcionamiento de la PAC, que condiciona los fondos europeos al respeto riguroso de las normas medioambientales.
Por ello, la abogada general propone que el TJUE remita el expediente de nuevo al TGUE para que estudie las alegaciones de España que quedaron sin examen en la primera sentencia. Si el tribunal de primera instancia no vuelve a fallar a favor de España, las autoridades españolas podrían verse obligadas a devolver a Bruselas cerca de diez millones de euros correspondientes a la corrección financiera de la Comisión Europea.