La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha respaldado este martes las cláusulas de salvaguarda agrícolas consensuadas entre los Veintisiete y Bruselas, requisito clave para levantar los últimos obstáculos al acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, cuya rúbrica definitiva tuvo lugar este mes de enero.
Estas salvaguardas, que el pleno de la Eurocámara prevé ratificar formalmente en su sesión de febrero, buscan reforzar la defensa del sector agrario europeo frente a posibles distorsiones graves derivadas de la apertura del mercado a Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), especialmente en ámbitos sensibles como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.
El Partido Popular, cuyo eurodiputado Gabriel Mato ejerce como ponente de la posición de la Cámara, ha subrayado en una nota que las cláusulas pactadas no son “salvaguardas simbólicas, sino un instrumento operativo, rápido y jurídicamente sólido, que ofrece una protección real frente a posibles distorsiones derivadas del Acuerdo UE-Mercosur”.
El nuevo marco fija umbrales concretos a partir de los cuales la Comisión Europea podrá abrir investigaciones y, en su caso, activar medidas específicas en un plazo máximo de 21 días si se constata un impacto grave sobre los productos agrícolas sensibles europeos.
En un primer momento, Consejo y Parlamento habían acordado en diciembre situar estos umbrales en el 8%, pero finalmente se han rebajado al 5%, tal y como defendía desde el inicio la Eurocámara, para atender las exigencias de Italia. El Ejecutivo de Roma había contribuido entonces al bloqueo junto a Francia y Polonia, frenando la firma, pero decidió levantar sus reservas en enero y apoyar el acuerdo con Mercosur tras lograr esta modificación.
Así, Bruselas intervendrá cuando las compras exteriores de productos sensibles aumenten de media un 5% y los precios retrocedan en la misma proporción en un periodo de tres años, frente al 10% que la Comisión había planteado inicialmente. Para que estas salvaguardas entren en vigor, el pacto requiere todavía el visto bueno definitivo del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo.