La industria cárnica española ha reclamado un “mayor rigor técnico” al proyecto de Real Decreto de comedores colectivos impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que fija criterios para promover una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales, según ha señalado en un comunicado.
En particular, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) han expresado su “plena alineación” con los fines generales de la iniciativa, pero han remitido a Consumo diversas observaciones y propuestas para que se incorporen al texto. A su juicio, algunos puntos del borrador resultan de “difícil viabilidad técnica y de complicada puesta en práctica”, lo que provoca confusión y una falta de seguridad y rigor que, según el sector, hace necesaria una revisión en profundidad del contenido.
Entre las cuestiones planteadas, la industria cárnica reclama suprimir el concepto y la definición de alimento ultraprocesado que introduce el proyecto normativo en su artículo 3.2, apartado b. Argumentan que este término no está recogido en la legislación alimentaria vigente ni dispone de un consenso científico sólido, lo que alimenta la controversia entre especialistas y, además, genera confusión en los consumidores.
“Una definición tan amplia de ultraprocesado, como la que contempla este proyecto, mete en el mismo saco alimentos muy distintos y, al aplicar restricciones generalizadas, puede poner en riesgo la asequibilidad y la sostenibilidad, con el riesgo de excluir productos que sí son genuinamente nutritivos. Es decir, tomando como referencia los aspectos que contempla el RD, podrían vetarse alimentos con un excelente perfil nutricional como el jamón ibérico o un lomo adobado. Incluso aquellos productos reducidos en sal, como la pechuga de pavo o el jamón cocido, serían identificados como ultraprocesados y, consecuentemente, excluidos de los menús de los comedores objeto de esta norma”, ha explicado el director de Anice, Giuseppe Aloisio.
Por su parte, el secretario general de Fecic, Ignasi Pons, ha precisado que “el principal riesgo es adelantarse a una definición nacional cuando la Comisión Europea aún la está estudiando y prevé armonizarla”. “Si la UE adopta después otro enfoque, más estricto, más flexible o incluso lo descarta, España tendría que modificar o derogar el Real Decreto, asumiendo además el coste político de haber actuado con precipitación”, ha indicado.
El sector también ha manifestado su “preocupación” por lo que considera un sesgo ideológico del texto, al fijar pautas de consumo que dan prioridad a las proteínas de origen vegetal frente a las de origen animal sin tener en cuenta la evidencia científica que respalda la contribución de la carne a una dieta adecuada, lo que, según señalan, podría provocar un desequilibrio nutricional.
En esta línea, la industria cárnica ha propuesto introducir cambios en el articulado para que, en los centros que ofrezcan una única comida principal, se contemplen entre dos y tres raciones de carne a la semana como plato principal, con un máximo de una ración semanal de carne procesada.