El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado su respaldo a las protestas del sector pesquero frente al nuevo reglamento europeo de control de la pesca, que, según ha señalado, “viene a burocratizar aún más si cabe un sector ya difícil de por sí” y parece haber sido “redactado por gente que jamás se ha subido a un barco pesquero”. Al mismo tiempo, ha explicado que la Junta ya ha registrado alegaciones con el objetivo de “revertir esta situación”.
El titular andaluz de Pesca ha realizado estas manifestaciones en una atención a medios en el marco de la Mesa de Diálogo Social, donde ha analizado la nueva normativa comunitaria que persigue avanzar en la transición energética del sector, con programas de renovación de flota, ajustes en la legislación vigente y un incremento de los recursos económicos para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.
En relación con el reglamento, Fernández-Pacheco ha puesto el foco en algunas disposiciones concretas, como la obligación de registrar todas las especies capturadas, con independencia de la cantidad, una exigencia que ha tildado de “sin sentido”, o la imposición de comunicar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación, algo que ha descrito como “un auténtico disparate para barcos cuya faena dura apenas hora y media”.
Además, ha avanzado que el próximo 22 de enero está prevista una reunión en el Ministerio, a la que acudirá la Junta con la intención de “convencer también al Gobierno de España de que defienda la flota y haga todo lo posible por revertir esta medida”.
En este escenario, ha recalcado que la administración andaluza debe atenerse a lo que ya se ha aprobado y ha cuestionado “cómo el Gobierno de España ha dado lugar a que esto se apruebe”, recordando que “ellos son los interlocutores frente a la Comisión Europea y da la sensación de que la medida no ha pasado ningún filtro por parte del Ejecutivo”.
Aun así, el consejero ha admitido que “el Gobierno ha anunciado que también presentará alegaciones”, si bien ha remarcado que esta situación “no se hubiera producido si el Ejecutivo hubiera llevado a cabo la labor diplomática necesaria y coordinada con otros afectados para ejercer un mayor bloqueo”.
Paralelamente, Fernández-Pacheco ha alertado de que el acuerdo Mercosur “establece un nuevo marco de relaciones comerciales internacionales que puede suponer un riesgo para algunos productores, como los de cítricos o carne de vacuno, pero también representa una gran oportunidad para sectores clave en Andalucía, como el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el vino”.
Ha incidido igualmente en que, una vez que Mercosur quede aprobado y previsiblemente ratificado por el Parlamento Europeo, “lo importante es que se cumplan las cláusulas de salvaguarda destinadas a proteger la actividad de los productores europeos y andaluces”. Ha añadido que “la experiencia del sector con este tipo de cláusulas no es la mejor”, aludiendo a acuerdos previos, como el de Marruecos, en los que los agricultores consideran que las medidas de protección “nunca llegan a cumplirse”.
“REFORZAMIENTO URGENTE DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS”
En este contexto, el consejero ha remarcado que “es absolutamente necesario que el Gobierno de España establezca un proceso para determinar qué tipo de ayuda se puede dar a los sectores más afectados”. También ha pedido “un reforzamiento urgente de los controles en frontera”, ya que, según ha advertido, “de nada sirve aprobar medidas si luego no se aplican y las importaciones continúan sin control”.
Fernández-Pacheco ha defendido igualmente la necesidad de garantizar la reciprocidad normativa en los ámbitos sanitario, laboral y medioambiental, recordando que “la economía andaluza y el sector agroindustrial son eminentemente exportadores”. En esta línea, ha afirmado que “Andalucía no teme al libre comercio, siempre que se desarrolle en condiciones de igualdad y justicia”.
Para concluir, el responsable de Agricultura ha señalado que “no tenemos miedo a competir, pero nuestras autoridades nacionales y europeas tienen la obligación de protegernos, garantizando igualdad de condiciones, que es donde debe centrarse el debate a partir de ahora”.