El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a un decreto ley con medidas frente a los daños ocasionados por las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, centradas en el potencial productivo agrario, las infraestructuras del agua y el dominio público hidráulico.
Entre las disposiciones recogidas figura la declaración de interés de la Comunidad Autónoma de las actuaciones de reparación de cauces, caminos rurales e infraestructuras hidráulicas de regulación que prevé poner en marcha la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
La Junta de Andalucía ha detallado en un comunicado que también se considerarán de interés de la Comunidad Autónoma las mejoras en las infraestructuras de transporte vinculadas a la regulación del dominio público hidráulico en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias: Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y TintoOdiel-Piedras-Chanza).
Asimismo, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma las reparaciones de infraestructuras de riego dañadas por las borrascas.
El Gobierno andaluz subraya que entre las incidencias detectadas se incluyen desperfectos en instalaciones de captación, regulación, almacenamiento y transporte de agua hasta los puntos de entrega al sistema de distribución de distintas comunidades de regantes.
El Decreto ley incorpora una deducción del 100% de la cuota tributaria del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua durante 2026 para determinados colectivos especialmente perjudicados por los últimos temporales.
Esta medida se dirige a los regantes que se beneficien de obras hidráulicas en infraestructuras de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce.
Además, el Gobierno andaluz amplía el destino del canon de mejora autonómico con el fin de poder utilizar estos fondos en la financiación de trabajos de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación.
En el sector ganadero se fija la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios.
Esta medida, que entrará en vigor con la aplicación del Decreto ley y se prolongará hasta el 31 de diciembre, pretende aliviar a los profesionales de la ganadería reduciendo sus costes anuales ligados a la sanidad animal.
Otra actuación contemplada en el Decreto ley es la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) de 2026. El Gobierno andaluz retrasa dos semanas la fecha tope para realizar este trámite, de forma que se extenderá hasta el 15 de mayo en lugar de concluir el 31 de abril.
La Junta de Andalucía aceptará hasta el 31 de mayo las modificaciones de las solicitudes de ayudas, peticiones de asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y documentación complementaria que reciba.
De este modo, los productores dispondrán de más margen para adoptar decisiones ajustadas a la realidad de una campaña condicionada por los efectos de las borrascas y que, previsiblemente, puede no desarrollarse como inicialmente tenían previsto agricultores y ganaderos.