La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está ultimando una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar la contratación de técnicos de campo por parte de las Agrupaciones de Producción Integrada (API) de olivar en Andalucía.
Según detalla la Junta en una nota, el Ejecutivo andaluz prevé movilizar un total de 4,6 millones de euros en el periodo 2026-2027, con la finalidad de reforzar la apuesta por la producción integrada en las explotaciones olivareras de la comunidad.
En la actualidad, más de 100 agrupaciones de producción integrada andaluzas cuentan entre sus miembros con profesionales vinculados al olivar, lo que les permite disponer de servicios técnicos especializados en el manejo agronómico de este cultivo.
Junto a esta nueva línea de apoyo, la Consejería de Agricultura avanza en la redacción del nuevo Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, cuyo trámite de información pública se ha abierto esta semana y permanecerá disponible hasta el 20 de febrero, tal y como se indica en la misma comunicación.
Esta normativa, llamada a sustituir al reglamento vigente, persigue su actualización para adecuarlo a la situación actual del olivar, un sector condicionado por el cambio climático, los avances tecnológicos de los últimos años y las transformaciones en el diseño de las explotaciones y en las técnicas de cultivo.
La Producción Integrada se define como un modelo de obtención de alimentos que aprovecha al máximo los recursos y procesos naturales y garantiza a largo plazo una agricultura sostenible, incorporando métodos biológicos y químicos de control, así como otras prácticas que compatibilicen las demandas de la sociedad, la protección del entorno y la rentabilidad agraria.
Para obtener la certificación en Producción Integrada, los productores han de ajustarse a los requisitos fijados en las normas generales vigentes en Andalucía y, además, cumplir las condiciones específicas recogidas en los Reglamentos Específicos de cada cultivo o grupo de cultivos.
Estos reglamentos concretos incluyen criterios de distintos ámbitos, entre ellos el compromiso social, con especial atención a las condiciones laborales y la formación de la plantilla, y el compromiso ambiental, reflejado en exigencias relacionadas con la gestión agronómica, la preservación de los recursos naturales, la eficiencia energética y la obligación de contar con un servicio técnico, entre otros aspectos.
Asimismo, para lograr la certificación en Producción Integrada se deben respetar determinados estándares relativos a instalaciones y equipos, manejo del suelo, gestión de nutrientes, poda, riego, control integrado de plagas, protección del medio ambiente, economía circular y calidad y seguridad alimentaria.
En lo que respecta al olivar, Andalucía suma más de 320.000 hectáreas certificadas en Producción Integrada, lo que supone alrededor del 20% de la superficie de olivar de la región.
En términos de explotaciones, más de 30.000 fincas olivareras en la comunidad autónoma se han decantado por este sistema productivo.
Tal y como publicó esta semana el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, las personas interesadas en formular observaciones al Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar pueden consultar el proyecto de la nueva norma en formato digital a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía (https://lajunta.es/69r4x).
Del mismo modo, el documento está disponible en papel en la sede de la Consejería en Sevilla, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas.
Quienes deseen remitir comentarios a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, responsable de la redacción del texto, pueden hacerlo por vía telemática mediante el correo electrónico “sanidadvegetal.capadr@juntadeandalucia.es” o a través del Registro Electrónico Único de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.
Además, también es posible presentar las aportaciones en formato papel en las Oficinas de Asistencia en materia de registro de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.