La Consellería do Mar ha remitido sus alegaciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con las que da por concluido el recorrido judicial para tratar de que se deje sin efecto el veto a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Nororiental (España, Francia, Irlanda y Portugal) aprobado en el 2022, una decisión que considera “injusto”.
En un comunicado, el Ejecutivo gallego detalla que a sus planteamientos se ha adherido Irlanda, que “coincide en que la decisión de la Comisión Europea contiene errores de Derecho”, por lo que ambas partes reclaman que la norma quede anulada. De forma alternativa, si la situación procesal impidiese un pronunciamiento definitivo, se solicita que el asunto regrese al Tribunal General para que emita una nueva sentencia.
Cuatro ejes centrales del recurso gallego
La Xunta articula su defensa en torno a cuatro argumentos principales. El primero es que se habría llevado a cabo una evaluación “incorrecta” del impacto real de la pesca de fondo. “La Comisión basó su análisis en datos relativos a las artes móviles, sin tener en cuenta las características de artes fijas como el palangre de fondo, cuyo impacto sobre el fondo marino es sustancialmente inferior o mismo inexistente”, expone la Administración autonómica.
El segundo pilar del recurso cuestiona el criterio seguido para fijar las zonas de cierre. El Gobierno gallego entiende que la incorporación de áreas en las que, según sus datos, no se acredita la presencia ni la probabilidad de existencia de ecosistemas marinos vulnerables “carece de base jurídica suficiente y no supera el test de proporcionalidad”. A ello suma su crítica al empleo de riesgos “meramente hipotéticos” como fundamento para imponer restricciones tan amplias.
En tercer lugar, la Xunta argumenta que el Tribunal General hizo una “aplicación errónea” de la normativa de la Política Pesquera Común y de la jurisprudencia aplicable. Añade que no se llevó a cabo una “adecuada ponderación” de los intereses socioeconómicos en juego y que “se transformó el margen de apreciación del legislador en una presunción automática de proporcionalidad”.
Por último, el Ejecutivo autonómico reprocha que no se valoraran de forma suficiente las consecuencias negativas de las restricciones sobre la flota gallega de palangre y sobre las localidades costeras que viven de esta actividad, lo que, a su juicio, “evidenciando una insuficiente consideración de los intereses socioeconómicos en juego”.