La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la Xunta tiene previsto destinar este ejercicio en torno a 2 millones de euros al sector ganadero con el objetivo de “prevenir y compensar los daños causados por el lobo”.
Este miércoles, la responsable autonómica se ha desplazado a una explotación extensiva de caballos situada en el Monte Coirego, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), donde ha recordado que continúa abierto el plazo para pedir las distintas líneas de apoyo dirigidas, entre otras actuaciones, a la colocación de vallados fijos, la instalación de pastores eléctricos, así como a la compra y mantenimiento de perros protectores.
Tal y como ha detallado Vázquez, estas medidas de prevención concentran cerca de 1,3 millones de euros. Además, ha remarcado que el período para solicitar las ayudas destinadas a compensar los “daños causados por el lobo” se mantiene operativo hasta el 30 de septiembre de 2026, con una dotación aproximada de 600.000 euros.
En este contexto, ha recalcado que este esfuerzo presupuestario resulta “especialmente importante” ante el “incremento registrado en los ataques” desde que el lobo fue incorporado, en septiembre de 2021, al listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).
La conselleira ha explicado que en los dos últimos años (2024 y 2025) se notificó una media anual de 2.019 avisos por ataques de lobo, lo que, según ha indicado, supone un aumento del 72% respecto a los 1.174 comunicados en 2021. Del mismo modo, ha señalado que el número de reses afectadas pasó de 2.050 en 2021 a una media de 3.168 en los dos últimos años, lo que implica un repunte del 55% y equivale a que cada jornada resultan atacados nueve animales.
Vázquez ha incidido en que la situación es aún más preocupante en el caso de los caballos, ya que los ataques se incrementaron desde los 311 registrados en 2021 hasta una media de 575 en los dos últimos años, lo que se traduce en un aumento del 85%.
Críticas al Ejecutivo central por la gestión del lobo
La titular de Medio Ambiente también ha arremetido contra el Gobierno central por su “protección de forma arbitraria” al lobo, sin “tener en cuenta la población ni el impacto socioeconómico” que esta decisión genera en el sector agroganadero. En esta línea, ha exigido a la Administración General del Estado 12 millones de euros en fondos para “compensar los daños” provocados por la especie, una cantidad que, ha dicho, corresponde a los ejercicios 2022, 2023 y 2025.
Asimismo, ha expresado su inquietud por la “falta de información” sobre las gestiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico relativas al envío del informe sobre el lobo a Bruselas. Ha recalcado que este documento debía haberse remitido antes del 31 de julio y que, pese a haberse concedido dos prórrogas, la última fecha conocida era el 31 de diciembre.