El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox, la iniciativa del Partido Popular para constituir una Comisión de Estudio sobre la situación de los cultivos leñosos en el Alto Guadiana y, de forma más amplia, analizar la ampliación del horizonte de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) en el sur de Europa hasta diciembre de 2032.
El diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha defendido en la tribuna que “se puede proteger el agua sin arruinar a la gente, se puede actuar con sentido común, y se puede buscar equilibrio, pero para esto hace falta voluntad política”. A su juicio, “no se puede cerrar el grifo a Castilla-La Mancha y no se puede castigar a quienes han hecho bien las cosas, y no se puede destruir empleo y riqueza”.
Por este motivo, el Grupo Popular reclamaba una comisión en la que participasen cooperativas, organizaciones agrarias, la universidad y los distintos grupos políticos, con el fin de “desbloqueen” la actual situación. Entre las posibles vías de solución, el PP plantea ampliar la Directiva Marco del Agua hasta 2032, mantener la prórroga del Plan del Alto Guadiana, modificar la normativa para reforzar la seguridad jurídica y, llegado el caso, impulsar cambios en la Ley de Aguas y en el uso de aguas residuales depuradas para destinarlas a cultivos sociales o a la recarga de acuíferos estratégicos, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales.
Lucas-Torres ha insistido en que “el problema del agua en Castilla-La Mancha es muy claro. No elijamos restricciones, la burocracia y las sanciones. Todos los presentes deberíamos pensar en el bien de nuestros ciudadanos, en pedir infraestructuras, planificación y soluciones”. Ha remarcado que lo que está “en juego” no es solo el recurso hídrico, sino “si en Castilla-La Mancha tiene futuro o si la condenamos a convertirse en un territorio vacío”. Según ha advertido, recortar dotaciones de agua supone “menos rentabilidad, abandono de explotaciones y pérdidas”, con un impacto que “va más allá del campo”.
El parlamentario ‘popular’ ha subrayado que “recortar el agua en Castilla-La Mancha no es proteger el medio ambiente, es condenar el medio rural”, y ha señalado que el principal problema del sector agrario en la región es el agua de riego y sus posibles recortes. En este contexto, se ha preguntado: “¿Por qué en Portugal el agua sirve para crear riqueza y en Castilla-La Mancha se utiliza como excusa para cerrar explotaciones? Eso es lo que no podemos aceptar. No pedimos privilegios, pedimos igualdad, pedimos justicia, pedimos infraestructuras, pedimos que el agricultor de la región tenga las mismas oportunidades que cualquier agricultor de España o Europa”.
Postura del PSOE
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha rechazado la creación de esta comisión al considerar que “no es la solución”. A su entender, “no añade nada, no soluciona nada y sólo duplica”. Para la diputada del PSOE, “lo más razonable” sería que el propio Gobierno regional, en coordinación con el sector, sea quien estudie, proponga, elabore y lleve a las Cortes un documento de trabajo.
Abengózar ha defendido “con firmeza” el derecho de Castilla-La Mancha a utilizar el agua de su propio territorio, un recurso clave para actividades ligadas a la tierra como la agroalimentaria. Ha asegurado también “con rotundidad” que el Ejecutivo autonómico no contempla revisar ni mucho menos extinguir derechos de agua que “son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra región”. En sus palabras, “el agua no es solo un recurso, es vida, por supuesto, es empleo y futuro para miles de familias de Castilla-La Mancha”.
La portavoz socialista ha recordado que “el Alto Guadiana, no en vano, concentra más de la mitad de la producción agroalimentaria regional”. Por ello, ha avanzado que el Gobierno autonómico continuará respaldando económicamente la creación de nuevos regadíos y la modernización de los ya existentes. Ha destacado que el 70% de las superficies de riego de la comunidad son ya eficientes, lo que, a su juicio, “es el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua”. No obstante, ha reconocido que Castilla-La Mancha está aún un 5% por debajo de la media nacional en superficie regada, “por lo que es necesario avanzar para igualar esos niveles”.
La intervención de Vox
El diputado regional de Vox Francisco Cobo ha defendido que el agua “no puede gestionarse desde un despacho de Bruselas”, como si todos los territorios fueran idénticos. Ha recordado que “cada hectárea de leñoso, cada pozo regularizado y cada dotación recortada tiene detrás una familia, una explotación, una cooperativa, un taller, un transportista y un municipio entero”. En su opinión, “si no se garantiza agua en cantidad y calidad, no solo se pierde producción, se pierden pueblos. No se trata de elegir entre agua o agricultura, se trata de gestionar el agua”.
Cobo ha añadido que “para que haya agricultura y economía y vida en nuestros pueblos necesitamos un plan nacional del agua y acabar con las agendas globalistas que lo enturbian todo”. A su juicio, las consecuencias derivadas de la aplicación de la Directiva Marco del Agua obligan a que PP y PSOE asuman su parte de responsabilidad por su aprobación y desarrollo. Ha reclamado “un discurso de autocrítica y dirigir las propuestas de resolución a dar los pasos necesarios para no aplicar la Directiva Marco del Agua”.
El representante de Vox ha descrito la situación del sector primario como “pésima” debido a la Directiva Marco del Agua, a la que ha calificado de “impuesto al desarrollo”. Además, ha reclamado que, una vez concluya el Plan Especial del Alto Guadiana en 2027, “impere el sentido común” y no se adopten decisiones que puedan poner en riesgo a cientos de explotaciones agrarias.
Respuesta del Gobierno regional
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha precisado que la Directiva Marco del Agua es normativa de obligado cumplimiento dentro del derecho comunitario. “Pertenecemos a la Unión Europea y por lo tanto no nos la podemos saltar”, ha respondido a Vox. Ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado la prórroga de la Directiva y está trabajando en documentar que existe “un impacto irreparable” si no se lleva a cabo esa ampliación de plazos.
Gómez ha recordado que “el Gobierno de España es el que tiene que, en primera instancia, hacer esta solicitud, pero, evidentemente, también las regiones podemos hacer ese papel y, evidentemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo está ejerciendo”. Asimismo, ha desmentido que el canon del agua suponga una carga para los agricultores, puesto que “están exentos”, y ha preguntado si alguien dispone de una propuesta técnica que “nos permita en Castilla-La Mancha” recargar los acuíferos, cuando incluso “nos estamos trayendo agua a través de la tubería de la Llanuera Manchega, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, para dar de beber a los ciudadanos de Cuenca y de Ciudad Real”.
En relación con la propuesta de un Plan Nacional del Agua, la consejera ha señalado que “desgraciadamente cada vez que hemos tenido como instrumento un Plan Nacional del Agua, la única comunidad autónoma que ha salido penalizada de todo el territorio nacional siempre ha sido Castilla-La Mancha u los más castigados, los agricultores de Castilla-La Mancha”. Ha insistido en que el Ejecutivo autonómico “no va a consentir” la extinción de derechos de agua, y ha apostado por la prórroga de la Directiva Marco del Agua, por que en el cuarto ciclo de planificación ideológica se recojan las necesidades de la región y por una reforma de la Ley de Aguas del Estado.