El presidente de la Organización de Productores Guardeses (Orpagu), Joaquín Cadilla, ha expresado su “alivio” y “satisfacción” ante el “importante” acuerdo pesquero que la Unión Europea ha renovado con Santo Tomé y Príncipe.
En unas declaraciones ofrecidas a Europa Press este miércoles, Cadilla ha detallado que la flota de palangre de A Guarda (Pontevedra) dispone en esa zona de un número de licencias que suele oscilar “entre cinco y siete habitualmente”.
El Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno a la continuidad de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea e Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe, unos protocolos que garantizan la actividad de buques comunitarios en aguas del Pacífico y del golfo de Guinea a cambio de aportaciones económicas dirigidas también a reforzar la gestión sostenible de los recursos marinos de estos países.
En este sentido, el máximo responsable de Orpagu subraya que este entendimiento permitirá a la flota con base en A Guarda capturar pez espada desde estas fechas y hasta el mes de octubre.
Joaquín Cadilla incide en que el golfo de Guinea “siempre ha sido importante” para los palangreros guardeses y rememora que él mismo faenaba en esa zona hace tres décadas. Además, destaca que actualmente “hay más peticiones para faenar que licencias”.
Detalles del acuerdo aprobado por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha refrendado, con 545 votos a favor, 89 en contra y 15 abstenciones, la renovación del protocolo de pesca con Santo Tomé y Príncipe, que se prolongará hasta 2029 y permitirá operar a 26 atuneros cerqueros —15 españoles y 11 franceses— y nueve palangreros de superficie —siete españoles y dos portugueses—.
El texto establece una cuota anual de 6.500 toneladas de atún y otras especies migratorias, a cambio de una contribución de la Unión Europea de 825.000 euros al año, de los que 325.000 euros se destinan a los derechos de acceso y 500.000 euros se orientan al apoyo del sector pesquero del país africano.
Además, los armadores deberán pagar una tasa de 85 euros por cada tonelada de pescado desembarcada, dentro de unos protocolos que se aplican de forma provisional desde finales de 2025 tras la caducidad de los anteriores acuerdos y que se enmarcan en los acuerdos de asociación pesquera sostenible promovidos por Bruselas con Estados terceros.