El sindicato agroganadero alavés Uaga ha avisado este martes de que, si en 2026 el sector primario continúa “sin ser escuchado, se le excluye de la toma de decisiones y se le impide trabajar de manera conjunta y real” con las diferentes administraciones, “no descarta iniciar un proceso de movilizaciones del primer sector”.
Así lo han expuesto miembros de su comité ejecutivo en una rueda de prensa en la que han hecho balance del año 2025 y han avanzado cuáles serán sus próximos pasos si persiste la situación actual del sector en Euskadi.
Según han subrayado, “no se trata de una advertencia vacía, sino de la consecuencia lógica de seguir ignorando a quienes garantizamos la producción de alimentos, el mantenimiento del medio rural y de la soberanía alimentaria”.
Han remarcado que su comparecencia no buscaba “quejarse de lo mal que estamos, sino hacer valoración del trabajo de las administraciones y de las políticas y decisiones que afectan a nuestro sector, que en la mayoría de ocasiones se nos imponen, sin tener ni voz, ni voto”. En esta línea, los portavoces de Uaga han afirmado que “no pueden claudicar ante las grandes empresas que nos quieren quitar nuestro medio vida, nuestras tierras y nuestros pueblos en favor de sus intereses junto con los mandatarios que ahora mismo están gobernado”.
Para el próximo año, el sindicato reclama a todas las instituciones que integren al sector primario en la elaboración de las políticas agrarias y alimentarias actualmente en discusión, “que se dialogue, que nos escuchen y que se lleguen a acuerdos que favorezcan a todos, no a unos por encima del resto”.
En este sentido, han insistido en que “nosotros lo que pedimos son más políticas que favorezcan y protejan al sector primario, pero sobre todo que se paguen unos precios justo por nuestros productos, que las grandes distribuidoras no se enriquezcan a nuestra costa y dejen a la sociedad y al sector primario cada vez más empobrecido”.
En su repaso del ejercicio, Uaga ha considerado “triste” tener que tratar con unas administraciones “tan garantistas, que lo quieren realizar todo tan bien, con tanta claridad y transparencia”, pero en las que “la maquinaria es tan pesada que, a veces, es imposible moverla y la sensación es que no se hace nada, porque los plazos son muy largos”.
Como ejemplo de esta lentitud, han lamentado “los dos años sin ver la luz al Decreto de Indemnizaciones por ataques de fauna silvestre”, así como que las resoluciones de las convocatorias de ayudas a la innovación, tramitadas mediante la cooperación del Gobierno Vasco, “acumulen retrasos de siete meses para dar el sí o el no a dichos proyectos y haya que justificarlos antes del 31 de diciembre del mismo año”.
Han recordado también que “tenemos la Ley de política Agraria y Alimentaria del País Vasco del año 2008 pendiente, la norma Foral de Montes del 2007 también pendiente, pero los proyectos que presentaron en el año 2022, todavía nos piden que subsanemos facturas y pagos”.
Por otra parte, el sindicato ha señalado que “el Plan Integral de atención al personal trabajador temporero, creado a instancias del Parlamento Vasco en 2002, se terminó en 2024, prorrogándose para 2025 y sin que se haya dado continuidad para 2026, como se había acordado en la reunión de la Mesa Interinstitucional de abril”.
En su valoración, Uaga ha indicado que, en los planes sectoriales en marcha, como los de vacuno de leche, de carne, bodegas/bebidas o patata, “se les invita a participar como parte del sector y, pese a estar ya terminados, “solo se nos ha presentado uno, el plan Abian”.
Han añadido que, de todos ellos, “el que anunciaron a bombo y platillo, el PEGA 2030, casualmente es el único al que los sindicatos agrarios de Euskadi no fueron invitados para su realización”.
“Aquí es donde nos damos cuenta que en el departamento de Agricultura, ganadería y pesca de Gobierno Vasco, pesan más industrias agroalimentarias que el propio sector”, han incidido, denunciando el peso de las grandes empresas en la definición de las políticas.
Además, han criticado que en los presupuestos de agricultura, tanto de la Diputación como del Gobierno Vasco, se haya reducido la cuantía destinada directamente al sector, mientras “cómo cada año hay más presupuesto para personal donde se contemplan las subidas de IPC”.
Frente a ello, se han preguntado “dónde se nos reconoce a nosotros como productores de alimentos esa subida del IPC”, lo que, a su juicio, confirma que “está claro que aquí algo no funciona”.