La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) anticipa un 2026 marcado por “potentes movilizaciones” después de un ejercicio especialmente negativo para el cereal, la ganadería, golpeada por varias crisis sanitarias, y el viñedo. Por ello, la organización reclama una nueva Política Agraria Comunitaria que mantenga, “al menos”, el mismo presupuesto que en el presente año, actualizado con el IPC, y un plan plurianual que sitúe al campo “donde merece”.
“O salimos a la calle o nos pasan por encima”, ha resumido el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, durante el tradicional balance anual que la organización agraria presenta por estas fechas.
En su intervención, González Palacín ha señalado que, aunque la campaña de cereal ha sido buena “en términos generales”, la rentabilidad ha resultado “pésima”. Ha denunciado que el valor de la tonelada se ha reducido un “44 por ciento en los últimos años al pasar de los 340 euros la tonelada a los 190 actuales”, mientras que los costes, como los fitosanitarios, se han encarecido un “22 por ciento”. Según ha detallado, “poner en marcha una hectárea de cereal cuesta hoy en día 800 euros y, con los precios actuales, todo lo que esté por debajo de una producción de 4.400 kilos entras en pérdidas. Con una producción mediocre ya no cubres costes”.
Respecto a la ganadería, ha repasado las distintas enfermedades que han afectado a la cabaña de Castilla y León. Ha citado la gripe aviar, que ha alcanzado a 2,1 millones de aves en la Comunidad, “el 75 por ciento de la producción nacional”; la dermatosis nodular contagiosa, que no ha entrado en el territorio castellanoleonés pero cuya cabaña se ha visto “perjudicada” por unas restricciones, a su juicio, “absurdas” y cuya retirada han exigido; y la peste porcina, que espera que continúe “encapsulada” para evitar un perjuicio “muy importante en un sector potente” como el porcino.
También ha aludido al sector vitivinícola, recordando las protestas por el “desastre absoluto” de los precios abonados por las Denominaciones de Origen, “en especial en Ribera del Duero”. Ha mencionado, además, las movilizaciones en defensa de unos precios que al menos cubran los costes en el lácteo de ovino. En este ámbito, ha reclamado “altura de miras” a las grandes industrias queseras, al advertir de que en los próximos años se jubilarán el “50 por ciento de los profesionales” y “no tendrán relevo generacional” si se mantiene un sector “precario y sin estabilidad”.
PAC y exigencia de un plan plurianual
Sobre la PAC y la planificación a varios años, González Palacín se ha mostrado tajante. “No nos pueden meter mano a los agricultores. El campo ni puede ser moneda de cambio para ayudar a Ucrania, ni para pagar el rearmamento”, ha remarcado. Por ello, ha exigido que el presupuesto de la PAC sea “al menos” igual al de los ejercicios previos, incorporando la actualización del IPC.
Del mismo modo, ha defendido la necesidad de un plan plurianual que sitúe al sector “donde toca”. “Y esos deberes los tenemos que hacer aquí, dentro del Gobierno de España. Tenemos que conseguir que esta PAC sea definitivamente para los agricultores a título principal. No podemos repartir dinero a gente que vive de otro tipo de cosas. Francia ha hecho los deberes hace muchísimo tiempo. La PAC en Francia se reparte en menos de 300.000 explotaciones. Aquí seguimos repartiéndola en más de 600.000”, ha señalado.
En esta línea, ha reiterado que el desarrollo rural debe salir “del cajón” en el que, a su juicio, algunos responsables políticos y la propia Comisión Europea pretenden encasillarlo. “De él dependen políticas tan importantes como la incorporación de jóvenes, planes de mejora, regadíos, concentraciones, aguas ambientales, agricultura ecológica... Es decir, un montón de ayudas al sector que bien directa o indirectamente acaban en los agricultores. Por lo tanto, es fundamental tener un presupuesto propio y liberal”, ha concluido.
Por último, ha insistido en su rechazo a que la Unión Europea firme el acuerdo con Mercosur si en el mismo no se garantizan las “mismas condiciones de exigencia” que se aplican al resto de agricultores europeos. En este contexto, ha avanzado un calendario “potente” de protestas que podría arrancar en el primer mes del año. “No nos gusta salir a la calle, pero es la única forma de que nos escuchen”, ha remachado.