Agricultura & Alimentación

Una auditoría respalda las instalaciones y protocolos del Irta-CReSA

Una auditoría externa e interna avala la seguridad del Irta-CReSA y el Govern impulsa un plan de bioseguridad 360 para reforzar el sector porcino.

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El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha detallado que la auditoría llevada a cabo por un equipo de especialistas sobre el Irta-CReSA “valida las instalaciones, protocoles y forma de trabajar” del centro.

En declaraciones a los medios este lunes, tras una visita a Càrniques Juià, en Juià (Girona), ha precisado que el grupo auditor estaba integrado por cuatro expertos externos al centro y dos profesionales internos.

Según recoge el informe, las instalaciones “son adecuadas para el nivel 3 de contención biológica y, por tanto, aptos para el trabajo seguro con el virus de la peste porcina africana (PPA)”.

El documento también avala los sistemas de bioseguridad, la organización interna, la formación del personal, el control de accesos, la gestión de residuos y los protocolos de envío de muestras, además de “el cumplimiento de la normativa europea e internacional”.

Ordeig ha concretado que, hasta ahora, se han detectado 27 positivos entre los 432 animales analizados, lo que representa un 6% del total, y que en los últimos 11 días únicamente se ha registrado un positivo en los 240 animales estudiados.

PLAN DE BIOSEGURIDAD 360

El conseller ha indicado que el Govern ha puesto en marcha el plan de bioseguridad 360, cuyo propósito es “aumentar la vigilancia y bioseguridad” en las explotaciones porcinas y en toda la cadena de valor del sector.

“Hemos trabajado para hacer un refuerzo de la bioseguridad en nuestras granjas”, ha remarcado Ordeig, que ha añadido que este plan incluye 12 medidas concretas.

Entre estas actuaciones figura la realización de un análisis de riesgo de las explotaciones, la colaboración con los transportistas para reforzar la desinfección y las garantías en el transporte, así como la creación de una comisión técnica con el sector para consensuar las medidas y supervisar su aplicación.

El plan contempla igualmente habilitar un espacio de coordinación entre todas las administraciones para acordar las actuaciones necesarias, revisar las encuestas anuales de bioseguridad, analizar los autoconsumos y estudiar buenas prácticas que ya se aplican en otros países.