Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han instado a los agricultores de tomate de la comunidad a rechazar ofertas por debajo de los costes reales de producción, que cifran en torno a 137 euros por tonelada.
Según han explicado, en la campaña de 2025 se recuperaron los niveles de producción media habituales, situados alrededor de las 83 toneladas por hectárea, pero los gastos asociados al cultivo han seguido incrementándose, en línea con ejercicios anteriores.
“Con 107 euros la tonelada en 2025 no se llegaron a cubrir los costes de producción, por lo tanto, muchos agricultores produjeron tomate a pérdidas”, han criticado las organizaciones, que consideran insostenible esta situación para las explotaciones.
Tras una reunión celebrada este miércoles con representantes de todo el sector del tomate, y apoyándose en “rigurosos estudios” elaborados por la Universidad de Extremadura y difundidos por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, estas entidades concluyen que los productores extremeños soportan unos costes de 137 euros por tonelada. Por ello, advierten de que las industrias que ofrezcan importes inferiores estarían vulnerando la Ley de la Cadena Alimentaria.
Al tratarse de un cultivo estratégico para la economía de Extremadura, las organizaciones han reclamado igualmente a las industrias que pongan fin a la práctica de imponer “precios ruinosos” a los tomateros de la región. “Ya hemos comprobado que un productor de tomate que abandona el cultivo no vuelve a la actividad”, han subrayado, alertando del riesgo de pérdida definitiva de superficie productiva.
Ante este escenario, las organizaciones agrarias extremeñas han solicitado la intervención de la Junta de Extremadura para que actúe como mediadora y vele por el estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en las negociaciones entre agricultores e industria.
UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han concluido que se mantendrán “firmes” en su posición y han anunciado que volverán a presentar denuncias ante la AICA contra aquellas empresas transformadoras que pretendan imponer precios por debajo de los costes de producción acreditados.