La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha instado este viernes a la Junta de Extremadura a que “intervenga ante el abuso” que, a su juicio, están cometiendo las industrias transformadoras del tomate “al imponer precios por debajo de los costes de producción” a los agricultores de la comunidad.
En su reivindicación, la organización sostiene que los productores de tomate extremeños necesitan percibir 137 euros por tonelada para que el cultivo resulte rentable. Sin embargo, este viernes concluye el plazo para la firma de los contratos del tomate y las industrias “están saltándose la Ley de la Cadena Alimentaria”, al plantear únicamente 107 euros por tonelada.
Así lo ha explicado en rueda de prensa en Mérida el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, quien ha recalcado que “no hay motivos de mercado que justifiquen ofrecer 107 euros por tonelada de tomate a los productores”, una cantidad con la que “están condenando a los agricultores a producir a pérdidas un año más”.
Miranda ha recordado que, en la reunión celebrada recientemente con la presidenta de la Junta de Extremadura, ya le trasladaron la “complicada situación” que vive el sector del tomate en la región. Posteriormente, la organización remitió un documento a la Consejería de Agricultura para exigir que “garantice el cumplimiento” de la Ley de la Cadena Alimentaria, según indica UPA-UCE en una nota de prensa.
Además, ha subrayado que los agricultores han salido a la calle para protestar, pero “a día de hoy, esta organización agraria no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la administración regional”. En este sentido, ha vuelto a remarcar el peso estratégico del tomate en Extremadura, ya que “fija población y genera empleo en el rural”.
“El abuso de las industrias y la inacción de la Junta están poniendo en serio peligro el futuro de la agricultura familiar, porque un agricultor que deja de sembrar tomate no vuelve al sector”, ha alertado Miranda.
Ante este escenario, UPA-UCE ha anunciado que presentará denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contra aquellas industrias que impongan precios a los agricultores por debajo de los costes de producción.
Por otro lado, el joven productor de tomate en las Vegas Altas del Guadiana, Amador Fernández, ha avisado de que existe un “serio problema” con el cultivo del tomate, ya que perciben “precios de ruina campaña tras campaña”, mientras se ven obligados a “afrontar inversiones altísimas porque el sector se ha mecanizado mucho en los últimos años y se ha modernizado”.
Fernández ha señalado que, con 107 euros por tonelada, los agricultores “se verán obligados a tener una súper producción para, aun así, seguir trabajando a pérdidas”, y ha insistido en que están “obligados a seguir luchando por el sector del tomate y denunciar ante la AICA a quienes siguen saltándose la ley impunemente”.