El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible fue aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de octubre. La norma supone un marco legal sólido y un instrumento jurídico imprescindible para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros. A su vez, ofrece seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad y servirá de base para abordar avances hacia una movilidad más segura, más limpia y conectada.
Los cuatro pilares de la Ley
La Ley permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. Paralelamente, consolida el sistema concesional de autobuses, garantizando que ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje, ya que asegurará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales.
En segundo lugar, reconoce una movilidad limpia y sana. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector.
Esta norma también establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Para ello introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.
El cuarto pilar de la Ley apuesta por invertir al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, así como una mayor participación pública.
Otras reformas introducidas
La nueva Ley establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación «de la ciudad de los coches» a la «ciudad de las personas».
Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajos.
Esta nueva norma contribuirá a cumplir con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030
SOBRE LA FIRMA:
Francisco Guardeño es presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANMS).