El partido socialista no tiene argumentos racionales para sostener toda la imposición climática que se va aprobando contra los españoles. Tampoco los tiene el Partido Popular, que apoya esos mismos gravámenes en Bruselas (que es en realidad de donde emana todo).
En concreto, se aprobó la semana pasada una vuelta de tuerca al impuesto sobre el CO2. Los ‘derechos de emisión de CO2’ es el nombre técnico de la figura, pero es lo que es… un impuesto más. Esto supone, básicamente, que toda aquella industria que emita CO2 debe adquirir de manera previa unos derechos para hacerlo. Una vez que ya no queden derechos, si nos los adquiriste antes, no podrás ejercer una actividad que emita CO2. La recaudación por esos derechos va al mismo saco que todo, al erario, a la hacienda, a María Jesús, vamos…
Este impuesto lo paga la industria y, además, las aerolíneas. Y todo este incremento del coste redunda, claramente, en un incremento del precio final del producto. En última instancia, el bolsillo del españolito es el que sufre. Como siempre…
Cada vez es más caro, más complejo (y por lo tanto más caro) producir o prestar cualquier servicio en España
Hecha esta introducción, como ni PSOE ni PP son capaces de elaborar un argumento racional que justifique estos gravámenes, recurren a argumentos sentimentales. Más o menos que le dicen a los españoles que asumiendo estas cargas, salvarán el mundo. Evitarán el apocalipsis climático y garantizarán el futuro de sus nietos… ¿Quién iba a negarse?
Y lo peor de todo es que estas normas redundan en una menor eficiencia de España (y de todos los países europeos, claro). Y precisamente esa es la gran enfermedad de España, la pérdida de productividad. Cada vez es más caro, más complejo (y por lo tanto más caro) producir o prestar cualquier servicio en España. Ya lo dijo el terrorífico informe Draghi que parte, de hecho, de esta premisa, la pérdida de productividad.
Y, la grandísima pregunta es: ¿sirven para algo estas medidas? ¿De verdad los españoles salvarán el mundo por pagar estos impuestos? O lo que es lo mismo… ¿Condenarían los españoles a la Tierra al holocausto si derogásemos estas normas?
Bueno, pues, según los datos del Global Carbon Project elaborado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (como si fuese el sanedrín de los climáticos), España es responsable del 0,57% del CO2 mundial. Es decir, España podría volatilizarse; desaparecer sin dejar rastro, y el CO2 del mundo ni siquiera notaría su ausencia.
Sin embargo, el Gobierno continúa imponiendo estas normas climáticas aún sabiendo que el CO2 de España no es el responsable de la situación mundial.
Y es que, cuando se aprueba la primera Ley de Derechos de Emisión de CO2 en 2005 efectivamente España comienza a minorar sus emisiones:
Pero, a raíz de esta Ley, también empieza a caer la producción industrial de España -piensen que la industria es el principal emisor de CO2, claro-:
Y esto tiene impacto clarísimo en la riqueza de los españoles. Así, el PIB per cápita de España (y el de Europa también) examinado como un porcentaje del de EEUU no para de bajar desde esas fechas:
Es evidente que todos los males de España y Europa no se deben exclusivamente a la Ley de Derechos de Emisión de CO2. Pero sí que representa muy bien cuál es la enfermedad que nos aflige. Somos hiper reguladores. Gravamos hasta los pedos de las vacas (esto es literal, emiten metano que colabora al efecto invernadero).
Y bueno, este sacrificio, ¿podría tener sentido? Es decir, cuando los españoles renunciamos a nuestra industria… ¿estamos salvando el mundo? No. Claramente no. De hecho, las emisiones mundiales -para los climáticos ese es el enemigo- no paran de subir:
En conclusión, ¿para qué les sirve a los españoles renunciar a su industria? ¿Para qué le sirve a los españoles someterse a este plan de despidos masivo que la alianza PSOE-PP proclama? ¿Para qué sirve? Para nada.
Para nada. Porque el impacto real de sus medidas en el mundo ha sido cero y el impacto en el bienestar de los españoles está siendo absolutamente dramático.
¿Cuál será el futuro de los españoles que trabajaban en Arcelor y que ahora están al borde del despido? ¿Cuál va a ser su futuro?
¿Cuál será el futuro de los españoles que trabajaban en la industria del automóvil, en Burgos o en Álava?
¿Cuál será el futuro de los españoles que trabajaban en la automoción en Almusafes?
Para el socialista medio; para el diputado; para el político el futuro está asegurado. El Partido Socialista les asegura el futuro. No cabe duda de ello, ya sea colocándoles en empresas públicas, ya sea garantizándoles un puesto en la Administración o en las instituciones políticas. Ellos sin duda, tienen el futuro garantizado. Los trabajadores españoles no. Quienes dependen de que la industria española sea competitiva a nivel mundial tienen un futuro oscuro.
Por eso, frente al ‘sí’ del PSOE y a la tibia ‘abstención’ del PP, VOX vota ‘no’ a las imposiciones ecofanáticas como la que modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
SOBRE LA FIRMA:
José María Figaredo es diputado nacional de Vox por Asturias y secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso