QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las redes sociales nos ofrecen información personalizada en función de nuestros intereses. Información que nos puede encerrar en una burbuja informativa donde solo recibimos los mensajes que coinciden con nuestra opinión, mensajes que también recibe nuestro círculo de contactos, sin posibilidad de contrastar esa información.
Esto genera el caldo de cultivo para que todo mensaje falso o manipulado, alineado con nuestro perfil, cale y se difunda rápidamente. Lo que puede provocar el rechazo a todo mensaje contrario a nuestro pensamiento y puede poner en riesgo los valores democráticos.
Puede parecer alarmista, pero pensemos en quiénes son los actores principales en este tipo de prácticas. Potencias extranjeras orquestan campañas de desinformación microsegmentadas para influir en procesos electorales, polarizar o crear corrientes de opinión. Elecciones en Estados Unidos, Francia, el Brexit o el referéndum ilegal de 1 de octubre son claros ejemplos.
Vías legales para la lucha contra la desinformación
La legislación española ya contempla los delitos de injurias o calumnias, delitos de odio, de falsedad documental, delitos contra el mercado o desórdenes públicos. Delitos que pueden ser denunciados ante los juzgados civiles o penales según su tipificación, ya que sólo un juez puede determinar si una información es veraz y puede causar un perjuicio. Así mismo, ante publicaciones falsas o incorrectas en medios de comunicación siempre cabe el derecho de rectificación, siempre y cuando se aporte la información que desmienta la noticia.
Potencias extranjeras orquestan campañas de desinformación microsegmentadas para influir en procesos electorales, polarizar o crear corrientes de opinión
Por otro lado, las redes sociales ya están obligadas a retirar contenidos ilegales, en cuanto tengan conocimiento efectivo de ellos, y a ponerlo en conocimiento de la policía, los fiscales y los jueces. Pero solo el contenido que se considere ilegal.
La UE ha intentado poner coto a estas campañas orquestadas de desinformación pasando de proponer solo la autorregulación, a la intervención directa. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), de aplicación desde febrero de este año, hace por primera vez responsable también a las plataformas sobre el contenido que ofrecen y permite imponer obligaciones de retirar contenidos con la amenaza de multas multimillonarias (hasta el 6% de la facturación mundial). Por tanto, las grandes plataformas digitales propietarias de las diferentes redes sociales pueden censurar la difusión de noticias consideradas como desinformación de los medios en formato digital.
El problema es que la DSA usa conceptos jurídicos indeterminados como “cualquier contenido que pueda tener un efecto negativo, real o previsible, sobre el discurso cívico y los procesos electorales, así como sobre la seguridad pública”. Y lo que es peor, estos contenidos no tienen por qué ser ilegales, porque los contempla en una categoría distinta de los contenidos ilícitos.
La UE ha intentado poner coto a estas campañas orquestadas de desinformación pasando de proponer solo la autorregulación, a la intervención directa
Está legislación europea, aunque imperfecta, supone una herramienta eficaz contra las injerencias de terceros países, como se ha demostrado recientemente con la investigación a Meta por no atajar con la contundencia debida las injerencias rusas en la precampaña de las elecciones europeas.
En España, el organismo designado como Coordinador de Servicios Digitales es la Comisión Nacional Mercado de la Competencia (CNMC) aunque aún no han sido modificados sus estatutos para ejercer esta competencia ni se ha elaborado un régimen sancionador.
¿Y si es el Gobierno el que desinforma?
Pero ¿y si es el Gobierno el que difunde información falsa, bulos o desinformación, o los que, ante una información escrita o gráfica que no les beneficia, afirman que son noticias falsas o bulos que no se corresponden con la realidad?
Las victimistas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definiéndose como objetivo de campañas de desinformación permanente que afectan a su gobierno y su entorno familiar; sumada a las declaraciones de miembros del Gobierno anticipando medidas de censura o las encuestas partidistas del CIS que se publican en mitad en procesos electorales, nos preocupan en cuanto nos acercan más a esos países donde la crítica es censurada, los medios no oficialistas son perseguidos o donde la independencia de las instituciones esta comprometida. Las herramientas que ofrece la DSA podrían suponer una tentación para ejercer el control de la información a un gobierno con tics autocráticos.
Ni los gobiernos ni las redes sociales deberían entrar a juzgar la veracidad o verdad de las informaciones, salvo que sean claramente ilegales. En caso de duda, debe prevalecer siempre la Libertad de Expresión y el Derecho de la Información.
Propuestas
Para evitar esta situación en España es necesario establecer varios contrapoderes:
- El primero de ellos es contar con supervisores realmente independientes. La CNMC, como supervisor de la DSA, tiene que nombrar aun 5 consejeros. Como antecedente recordemos que ya nombró al marido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, consejero de la CMNC y luego de la CMNV. Por otro lado, el Gobierno también va a nombrar sin consenso al director de la AESIA, el supervisor del Reglamento europeo de IA. Malas noticias para garantizar la independencia de estos órganos y por tanto para controlar los posibles tics censores del Gobierno.
- Por otro lado, debemos impulsar una red de verificadores púbicos y privados robusta, independiente y altas capacidades tecnológicas para prevenir y responder a las campañas diarias de desinformación.
- Es clave crear un organismo de autorregulación sectorial (similar a Autocontrol de la publicidad) para la resolución extrajudicial de litigios, como un jurado independiente de periodistas de prestigio de medios de comunicación y expertos en libertad de expresión e información, para revisar y evitar la censura de noticias en las redes sociales fruto de la aplicación de la DSA o el Reglamento de IA.
- Y por último, debemos diseñar un Código de Corregulación español que sea la adaptación del Código de Buenas Prácticas, firmado por la Comisión Europea en el año 2018 y reforzado en 2022, para garantizar el equilibrio y la neutralidad ante la tentación del Gobierno a definir qué considera desinformación.
El mejor escudo efectivo contra la desinformación es consolidar los valores democráticos que definen nuestra sociedad. Libertad de expresión, separación de poderes, respeto a las leyes y el sistema judicial, independencia de los medios de comunicación, reforzamiento de las instituciones, procesos electorales, la transparencia de la administración, en definitiva, lo que nos hace ser un país occidental democrático. Flaco favor le hacemos a la democracia si desde la política o los medios de comunicación se cuestionan estos principios básicos del estado de derecho.
Debemos impulsar una red de verificadores púbicos y privados robusta, independiente y altas capacidades tecnológicas para prevenir y responder a las campañas de desinformación
Así mismo, debemos invertir en fomentar la alfabetización mediática y digital entre los ciudadanos. Con ciudadanos críticos y capacitados para contrastar información, conocedores de los servicios de verificación de noticias, la sociedad es más fuerte ante los ataques de la desinformación.
Procesos electorales
España tiene uno de los sistemas electorales más garantistas del mundo, con una Junta Electoral Central (JEC) de independencia probada para controlar el cumplimiento de la Ley electoral (LOREG) pero que debe blindarse ante posibles campañas de desinformación.
La LOREG debe evitar abusos en la eliminación de mensajes electorales o las decisiones del bloqueo de cuentas oficiales en mitad de las campañas electorales por parte de las redes sociales privando a los candidatos de estos importantes canales de comunicación. Es por tanto necesario, definir una coordinación efectiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CNI, CNMC, AESIA con la JEC para resolver rápidamente las incidencias y tomar las medidas correctoras durante un proceso electoral.
Estas son algunas medidas que un gobierno comprometido en la lucha contra la desinformación y defensa de la libertad de prensa y de opinión debería priorizar. Lo contrario será legitimar la censura, la persecución a periodistas y la desinformación oficialista.
SOBRE LA FIRMA Mario Cortés Carballo es diputado del Partido Popular en el Congreso, portavoz de Transformación Digital y portavoz adjunto en la Comisión de Ciencia e Innovación por el Grupo Popular. Así mismo, es secretario nacional de Digitalización del partido.
