El nuevo Reglamento de Servicios Digitales (“DSA” por sus siglas en inglés -Digital Services Act-) introduce un nuevo marco normativo para la prestación de servicios digitales en la Unión Europea. Entre otros prestadores, la DSA impone a los servicios de plataforma en línea (e.g., redes sociales, plataformas para compartir contenido en línea, marketplaces), un paquete de obligaciones específico en función de su naturaleza y las características de su servicio.
La DSA introduce un nuevo marco de obligaciones en materia de diligencia y transparencia, que afecta directamente a la gestión de los contenidos ilícitos, la desinformación y la protección de los consumidores y los menores en Internet.
Para garantizar el cumplimiento, la DSA prevé la posibilidad de imponer sanciones proporcionales al tamaño del prestador, de hasta el 6% del volumen de negocios anual en todo el mundo.
La DSA entró en vigor el 16 de noviembre de 2022 y ha comenzado a aplicarse a las plataformas en línea muy grandes y a los buscadores en línea muy grandes desde el 25 de agosto de 2023. Ahora, a partir de este 17 de febrero de 2024, la DSA es ya completamente aplicable a todos los demás tipos de entidades.
El objetivo principal de la DSA es proteger a los usuarios dentro del mercado único digital y asegurar que todos los servicios digitales actúen conforme a unas normas de transparencia
Esta normativa redefine la responsabilidad y las obligaciones de los servicios digitales. El objetivo principal de la DSA es proteger a los usuarios dentro del mercado único digital y asegurar que todos los servicios digitales actúen conforme a unas normas de transparencia y rendición de cuentas claras.
Uso responsable de la publicidad
Uno de los pilares de la DSA es el impulso al uso responsable de la publicidad, lo que tiene un impacto directo en la protección de grupos vulnerables, como los menores. Es así como se abre un debate sobre ética publicitaria y privacidad en un mundo donde la personalización de anuncios con datos personales es moneda común.
La ley también establece importantes mecanismos para luchar contra la difusión de contenido ilícito. La Comisión Europea recomienda la creación de redes informales de coordinación entre los estados miembros, lo que pone de relieve la importancia de la cooperación transfronteriza en materia de vigilancia y control de las actividades digitales.
En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido designada como Coordinador de Servicios Digitales, subrayando la importancia de la supervisión nacional en el cumplimiento del DSA. Este ente tendrá la responsabilidad de vigilar a las grandes plataformas y motores de búsqueda para asegurar el cumplimiento de la nueva regulación.
Una novedad de esta ley es que abarca una amplia gama de servicios en línea, desde las tiendas en línea hasta las redes sociales y los mercados de aplicaciones, asegurando que la responsabilidad de dichos servicios coincida con su impacto en la sociedad y la economía.
Una novedad de esta ley es que abarca una amplia gama de servicios en línea, desde las tiendas en línea hasta las redes sociales y los mercados de aplicaciones
La complejidad de la DSA no es menor. Diversos documentos y guías en formato de preguntas y respuestas han sido elaborados para desentrañar las implicaciones de esta ley. Estos textos abordan las dudas y retos que plantea la regulación, facilitando la adaptación empresarial y la comprensión ciudadana.
La DSA, junto con la Digital Markets Act (DMA), representan un paso ambicioso en la regulación de los mercados y servicios digitales. La UE está tratando de establecer un estándar internacional de cómo las autoridades pueden y deben interactuar con las grandes compañías tecnológicas, buscando un supuesto equilibrio entre innovación, competencia leal y protección de los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo afectará la DSA a ciudadanos y empresas?
La ley promete proteger a los consumidores de bienes y servicios ilegales y peligrosos y proporcionar claridad sobre los derechos y obligaciones online. Sin embargo, existen voces críticas que señalan potenciales desafíos que podrían emerger de su implementación.
Algunos expertos advierten sobre la carga administrativa elevada y los costos asociados que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) pueden enfrentar para cumplir con las nuevas obligaciones, lo que podría obstaculizar su capacidad de competencia y perturbar el ecosistema digital en lugar de nivelarlo.
La UE está tratando de establecer un estándar internacional de cómo las autoridades pueden y deben interactuar con las grandes compañías tecnológicas
Por otro lado, la rigurosidad en la moderación de contenido impuesta por la DSA genera debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de restringir contenidos dañinos.
Las obligaciones de moderación de contenidos de los usuarios por parte de estas plataformas suponen, en la práctica, una gestión indirecta de la justicia que coloca a las plataformas como una especie de primera instancia judicial.
SOBRE LA FIRMA Raúl Rubio es socio de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca