La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado recientemente el informe #IntegrityOutlook 2024, un estudio que radiografía el estado de la transparencia en los países más desarrollados y refleja debilidades sistémicas que siguen favoreciendo, en algunos casos, la corrupción.
El informe pone el foco también en los grupos de interés o lobbies y su participación en el diseño de las políticas públicas, evidenciando que la falta de transparencia y regulación genera situaciones lesivas para las democracias y las organizaciones que trabajan éticamente bajo principios fundamentales como la transparencia.
A medida que los miembros de la OCDE navegan a través de panoramas legislativos más complejos, la petición de regulaciones estrictas de los grupos de interés se refuerza. En este sentido, el informe se hace eco de la imperiosa necesidad de transparencia, responsabilidad e integridad en los pasillos del poder.
Legislación clara y con control
Este refuerzo normativo sobre grupos de interés debe lograr una legislación alineada con las mejores prácticas internacionales y que garantice un fair play en el que todas las partes interesadas operen en igualdad de condiciones.
Así como incluir definiciones claras y exhaustivas sobre qué y quiénes son los grupos de interés y qué constituyen sus actividades, huyendo de ambigüedades que dejen espacio a interpretaciones perniciosas. Y mecanismos de control, aplicación y sanciones que garanticen la integridad del marco regulador y disuadan de las malas prácticas a quienes sientan la tentación de emplearlas.
Menos de la mitad de los países de la OCDE han definido claramente las actividades de los grupos de interés
La falta de claridad allana el camino a la influencia ilegítima, sirviendo a intereses particulares en detrimento del bien común. Este tipo de prácticas constituyen un execrable ejercicio de corrupción que nada tiene que ver con el buen hacer de los grupos de interés profesionales, que son los principales interesados en su eliminación.
Suspenso para España
Otro aporte muy relevante de #IntegrityOutlook 2024 es su recorrido por la situación regulatoria de los grupos de interés en el mundo. Sorprendentemente, menos de la mitad de los países de la OCDE han definido claramente las actividades de los grupos de interés e identificado a los actores considerados como tales. Esta inmensa laguna normativa no solo socava la salud del sistema democrático, sino que alimenta el riesgo de influencia indebida y corrupción sistémica.
El balance en la Unión Europea, donde se toman decisiones que impactan en la vida de más de 447 millones de ciudadanos, es desigual. Aunque se ha avanzado en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas mediante iniciativas como el Registro de Transparencia de la UE, perviven importantes limbos regulatorios de las actividades de los lobbies y se da una aplicación heterogénea de las regulaciones comunitarias por parte de los estados miembros.
El caso de España resulta especialmente sangrante, pues el informe nos sitúa como uno de los 17 países (de los 60 de la OCDE) que todavía no cuentan con un registro de grupos de interés. Además, nuestro país se sitúa en la mitad inferior de la tabla de los estados que no cuentan con una regulación que defina y limite la actividad del lobista.
La transparencia como guía
En el camino hacia la solución de esta debilidad democrática, la trasparencia debe ser el faro que guíe el trabajo legislativo. Más allá de los meros requisitos de registro, los miembros de la OCDE deben exigir una divulgación detallada de las actividades de los grupos de interés, incluyendo su identidad, clientes y asuntos en los que tratan de influir.
Una base de datos centralizada y de acceso público puede servir como repositorio de esta información, facultando a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los responsables políticos para examinar la dinámica del tráfico de influencias y exigir responsabilidades a quienes tratan de subvertir el proceso democrático.
Sobre las puertas giratorias
Finalmente, es necesario abordar el fenómeno de las “puertas giratorias” que permiten a los funcionarios públicos desempeñar funciones de lobby aprovechando sus conocimientos y redes de información privilegiada para obtener beneficios privados.
En la regulación de esta cuestión es necesaria la existencia de unos períodos de reflexión serios y unas restricciones estrictas de las actividades posteriores a la contratación para mitigar el riesgo de conflictos de intereses y salvaguardar la integridad de los procesos de toma de decisiones.
La OCDE, en su informe, pone el foco en una demanda legislativa y ética que el sector lleva tiempo reclamando: la regulación de los lobbies no es una mera cuestión de cumplimiento, sino un imperativo moral para salvaguardar el interés público, preservar la integridad de las instituciones democráticas y fomentar la confianza en los distintos actores que las componen.
SOBRE LA FIRMA Carlos Parry Lafont es presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y responsable de la oficina de AstraZeneca en Bruselas desde donde lidera el equipo de EU Affairs. Previamente a incorporarse al sector de los asuntos púbicos, ocupó diversas responsabilidades en el sector público, destacando su paso como asesor en el Parlamento Europeo o en el Ministerio de Sanidad.