O feminismo o retroceso: la gran decisión andaluza

Andalucía llega a estas elecciones con una pregunta de fondo que atraviesa todos los debates: ¿qué modelo de comunidad autónoma queremos ser? Porque detrás de cada promesa electoral hay una idea de sociedad y si algo muestran los programas de las organizaciones políticas que aspiran a gobernar en Andalucía es que la igualdad no se mide por los eslóganes de una campaña. Se mide por los presupuestos, por los servicios públicos, por los recursos que llegan a tiempo y por las decisiones que permiten, o impiden, que las mujeres ejerzan sus derechos.

Y si algo han demostrado estos años de gobierno del PP en Andalucía, acompañado primero por Vox y después condicionado por su marco ideológico, es que los derechos de las mujeres pueden retroceder sin necesidad de derogarlos formalmente. Basta con vaciarlos de presupuesto, retrasar su aplicación, privatizar su acceso o eliminar los mecanismos que permiten fiscalizar si una política pública reduce o aumenta la desigualdad.

El ejemplo más claro es el derecho al aborto. Andalucía no lo ha prohibido, pero lo ha mantenido prácticamente fuera de la sanidad pública. En 2024, según los datos del Ministerio de Sanidad, solo el 0,03% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Andalucía se realizaron en centros públicos; dicho de otra forma, el 99,97% se derivó a centros privados.

Ese dato no es una anécdota, es una forma de desigualdad. Porque un derecho que depende de conciertos privados, de desplazamientos, de la provincia donde vivas o de la capacidad de una mujer para sortear obstáculos administrativos y territoriales, no es un derecho plenamente garantizado. El PP no ha derogado el derecho al aborto; ha hecho algo más silencioso, dejar que la sanidad pública no lo asuma como una prestación normalizada, accesible y digna.

Existen dos modelos claramente enfrentados, el de quienes entienden los servicios públicos y la igualdad como pilares democráticos y el de quienes los consideran un gasto prescindible o una batalla cultural.

Cada campaña electoral escuchamos a la derecha hablar de “igualdad real”, de “conciliación”, de “libertad” o de “apoyo a las familias”. Pero cuando una mira los programas electorales y, sobre todo, cuando una analiza lo ocurrido en Andalucía durante los últimos años, la pregunta es inevitable: ¿qué han hecho realmente el PP y Vox por las mujeres andaluzas?

Algo tan sencillo como recortar los presupuestos y  la arquitectura institucional de la igualdad. En 2024 se denunció un recorte de 5 millones de euros al Instituto Andaluz de la Mujer, además de la elevada dependencia de fondos finalistas y externos y del peso de las externalizaciones en su presupuesto. Y cuando los recursos de igualdad dependen demasiado de fondos externos, de convocatorias inestables o de servicios externalizados, lo que se debilita es la capacidad pública de sostener políticas feministas con continuidad, profesionalidad y cercanía.

A eso se suma otro hecho especialmente grave, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres denunció en 2024 un “grave recorte sin precedentes” en la Ley de Igualdad andaluza, alertando de que se eliminaban mecanismos de fiscalización del impacto de género en los presupuestos autonómicos. Es decir, se debilitaban precisamente las herramientas que permiten saber si el dinero público corrige desigualdades o las reproduce.

Esto puede parecer técnico, pero es profundamente político. Quitar controles de impacto de género en los presupuestos es quitarle las gafas violetas a la administración. Es impedir que podamos ver si una política de vivienda, de empleo, de sanidad, de educación o de transporte afecta igual a hombres y mujeres. Y sin diagnóstico no hay igualdad real,  hay propaganda.

Por eso no podemos separar igualdad y servicios públicos. Cuando se deteriora la sanidad pública, retroceden los derechos de las mujeres. Cuando se privatizan prestaciones, retrocede la igualdad. Cuando no hay recursos suficientes en dependencia, ayuda a domicilio, atención primaria, salud mental, educación pública o prevención de la violencia, quienes acaban sosteniendo los huecos del sistema suelen ser las mujeres: madres, hijas, abuelas, trabajadoras precarias y cuidadoras invisibles.

El escándalo de los cribados de cáncer de mama mostró precisamente eso, que los recortes, la mala gestión y el deterioro de la sanidad pública no son debates abstractos. Tienen cuerpo, tienen rostro y tienen consecuencias sobre la vida de las mujeres. Cuando falla un cribado, no falla un trámite, falla una red pública que debía proteger vidas. En 2025, miles de personas salieron a la calle en Andalucía contra la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, en una protesta que trascendió el caso concreto de los cribados y señaló un problema más profundo de deterioro de la sanidad pública.

Y mientras todo esto ocurría, Vox ha ido marcando el clima político. Negando la violencia machista como fenómeno estructural, atacando las políticas LGTBIQA+, cuestionando la educación afectivo-sexual y convirtiendo el feminismo en un enemigo cultural. El problema no es solo lo que dice Vox. El problema es que el PP ha normalizado parte de ese marco, ha rebajado el lenguaje institucional, ha asumido ambigüedades y ha permitido que la igualdad pase de ser una política de Estado a convertirse en una moneda de cambio.

La igualdad aparece integrada en todas las políticas públicas, entendida no como un complemento, sino como una condición imprescindible para la justicia social

Frente a ese modelo, los programas progresistas sitúan la igualdad y los servicios públicos como dos caras de la misma democracia aunque  con singularidades.

Por Andalucía plantea una apuesta transversal y feminista con el objetivo de reforzar los centros de atención a mujeres, blindar la coeducación, ampliar los recursos contra las violencias machistas, desarrollar políticas específicas para mujeres rurales, migrantes y jóvenes, y consolidar derechos LGTBIQA+. La igualdad aparece integrada en todas las políticas públicas, entendida no como un complemento, sino como una condición imprescindible para la justicia social.

Así mismo, el PSOE mantiene una defensa explícita de las políticas feministas y de igualdad, con propuestas ligadas al empleo femenino, conciliación, educación afectivo-sexual o refuerzo institucional del sistema de atención a víctimas de violencia machista. Sin embargo, muchas de sus propuestas aparecen formuladas desde una lógica más institucional y de gestión, menos orientada a transformar las estructuras económicas y sociales que generan desigualdad.

El PP andaluz, por su parte, utiliza un lenguaje mucho más ambiguo. Habla de “igualdad de oportunidades”, “familia” y “conciliación”, pero evita referencias contundentes al feminismo como motor político. La violencia machista pierde centralidad discursiva y el enfoque se desplaza hacia políticas familiares genéricas. Tras años de gobierno de Moreno Bonilla, además, la realidad ha mostrado una creciente externalización de servicios, recortes en prevención y conflictos permanentes con profesionales de los servicios públicos vinculados a igualdad y dependencia.

Y luego está Vox, cuyo programa supone directamente una impugnación de décadas de avances democráticos. Niega la violencia de género como fenómeno estructural, plantea eliminar organismos de igualdad, rechaza las políticas LGTBIQA+ y convierte los derechos feministas en una supuesta “ideología”. Su propuesta no es reformar las políticas de igualdad: es desmontarlas.

La diferencia de fondo es clara. Hay quienes entienden la igualdad como un eje de gobierno y quienes la reducen a un apartado incómodo del programa. Hay quienes defienden los servicios públicos como garantía de derechos y quienes los convierten en negocio o los dejan deteriorarse. Hay quienes saben que la violencia machista, el aborto, la dependencia, la sanidad pública o los presupuestos con perspectiva de género forman parte de la misma batalla democrática. Y hay quienes prefieren mirar hacia otro lado para no incomodar a la extrema derecha.

Por eso, la pregunta no es solo qué prometen ahora PP y Vox. La pregunta es qué han hecho estos años cuando han tenido poder. Y la respuesta es el retroceso más absoluto en relación a las políticas de igualdad. Porque, aunque el retroceso no siempre llega con grandes titulares, a veces llega en forma de demora, de presupuesto que no se ejecuta, de derecho que existe en el BOJA pero no en tu centro de salud, de informe de impacto que desaparece o de servicio público que se externaliza. Y precisamente por eso hay que nombrarlo.

Porque Andalucía no puede permitirse cuatro años más de igualdad descafeinada, servicios públicos debilitados y derechos feministas sometidos al ruido de Vox. Las mujeres andaluzas no necesitan paternalismo ni propaganda. Necesitan derechos garantizados, recursos públicos, instituciones valientes y una democracia que no retroceda cada vez que la extrema derecha levanta la voz.

Por eso estas elecciones no son solo una disputa partidista. Son una decisión sobre la vida cotidiana de millones de andaluces y andaluzas. Sobre si una mujer tendrá recursos públicos cuando sufra violencia machista, si una familia podrá acceder a una cita médica en condiciones dignas o en una Andalucía donde los derechos dependan del código postal y del nivel de renta.

Cuando se cuestionan las políticas feministas, retrocede la democracia

La derecha y la ultraderecha intenta presentar la igualdad como un exceso y los servicios públicos como un problema de eficiencia. Pero la experiencia demuestra justamente lo contrario, cuando se debilita lo público, aumentan las desigualdades. Y cuando se cuestionan las políticas feministas, retrocede la democracia.

Andalucía tiene hoy la oportunidad de elegir el próximo 17 de mayo entre resignarse al deterioro o apostar por una comunidad que cuide, proteja y garantice derechos. Porque la igualdad y los servicios públicos no son un lujo ideológico. Son la línea que separa una democracia fuerte de una sociedad cada vez más desigual. Porque los derechos de las mujeres nunca son irreversibles. Y la historia demuestra que cuando la derecha y la extrema derecha avanzan, la igualdad retrocede. Y Andalucía ya ha empezado a sufrir ese retroceso.