(Segunda parte del artículo publicado el pasado 26 de enero. Puede consultar la primera parte aquí)
Con ser importantísimo, cara al desarrollo del estado de bienestar, el papel de las comunidades autónomas, dado su rango de competencias, no podemos obviar que existen además otras administraciones públicas obligadas normativamente a satisfacer necesidades colectivas de los ciudadanos. Estoy hablando de las entidades locales y de la propia administración central.
En sus dos comparecencias públicas para explicar el nuevo modelo de financiación autonómica, la ministra de Hacienda (entre otros cargos) hizo especial énfasis en la “generosidad” del gobierno de la nación al destinar la mayor parte del fruto del crecimiento económico a “blindar” el estado de bienestar a través de la aportación de veinte mil millones de euros adicionales a las comunidades autónomas. Se le olvidó decir que a eso se pretende añadir los recursos necesarios para condonarles unas deudas muy desigualmente distribuidas que, en la práctica supone ahondar aún más, si cabe, en los agravios entre territorios, con el añadido de que en algunos casos (Cataluña en particular) se trata de deudas no generadas por deficiencias del modelo de financiación.
Hay sobrada evidencia de que, más allá de la retórica independentista, Cataluña no ha estado especialmente infrafinanciada, pues su financiación por habitante ajustado se ha venido moviendo en el entorno de la media, lo que no puede explicar su diferencial en deuda con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Una vez más, aquí, el argumento “paretiano” de que con la condonación de la deuda “todos” ganan resulta falaz, en la medida en que quienes han gestionado con responsabilidad sus recursos, respetando las reglas de juego y evitando endeudamientos excesivos, ahora pueden verse razonablemente discriminados, dado que cada euro tiene un coste de oportunidad.
Lo que quiero decir con ello es que la supuesta “generosidad” del gobierno de la nación con las comunidades autónomas puede ser visto al mismo tiempo como una dejación de sus propias responsabilidades con probables consecuencias indeseables. Dado que el dinero tiene un coste de oportunidad, ampliar los espacios fiscales autonómicos incrementando los porcentajes de cesión de tributos tan relevantes como el IRPF y el IVA y asumir deudas ajenas, aparte de generar problemas de riesgo moral, tiende a desarmar al Estado ante el ejercicio de su propias competencias en momentos en que se están asumiendo importantes compromisos en materias como la defensa.
En momentos en que están aflorando necesidades flagrantes en materia de inversiones en infraestructuras (viarias, ferroviarias, hidrológicas…) y que cada vez se precisan más aportaciones de los presupuestos generales del Estado para cubrir la brecha de ingresos que tiende a generar el sistema de pensiones de la seguridad social, además de necesitar recursos para hacer frente a las cargas de la deuda (la propia y la ajena asumida). Y todo ello sin hablar de la necesidad, siempre orillada, de reformar el modelo de financiación local para el que nunca hay recursos.
El modelo propuesto por el gobierno podría ser visto como un primer punto de partida para la renovación de la financiación autonómica
No olvidemos, además, que es el gobierno de la nación quien responde ante las instituciones europeas por el cumplimiento de las reglas fiscales y que los mercados controlan la capacidad de respuesta de los gobiernos ante eventuales crisis que pudieran venir y no es de esperar que valoren muy positivamente la merma en los instrumentos de respuesta fiscal que supone la continua cesión de capacidad tributaria.
En suma, que, más allá de las cifras concretas y la distribución de los recursos adicionales entre las diferentes comunidades, sobre lo cual resulta de interés revisar el primer ejercicio realizado recientemente por FEDEA, el modelo propuesto por el gobierno podría ser visto como un primer punto de partida para la renovación de la financiación autonómica.
No obstante, a mi juicio, haríamos mal en considerarlo como un compartimento estanco que se desvincule del conjunto de necesidades de financiación del sector público. Sería preferible abordar más pronto que tarde este asunto sobre una base holística que incluya a Estado, comunidades autónomas, entidades locales y seguridad social teniendo en cuenta sus interrelaciones.
Entre tanto, si se quiere empezar por el nivel autonómico, sería bueno que los gobiernos de las comunidades autónomas y los grupos políticos trataran por una vez de alcanzar consensos mínimos partiendo, tal vez, de los aspectos positivos que contiene la propuesta realizada (que los tiene). Decía un personaje del escritor italiano Paolo Giordano en su novela Tasmania que “la igualdad es un concepto maravilloso, estoy de acuerdo. Siempre que valga para todos”.
Puestos a arrancar, yo diría que discutiéramos sin prejuicios de criterios y ponderaciones para medir las necesidades (población ajustada), de nivelación horizontal y vertical y de asignación de criterios transparentes para la financiación de singularidades (competencias no homogéneas) ¿Será mucho pedir? De ordinalidad… ya hablaremos otro día.