La Formación Profesional es un proyecto de país que exige colaboración, no confrontación

El Gobierno ha anunciado la futura elaboración de un real decreto para “poner límites a los centros privados de FP que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes”. Esta iniciativa sigue la misma línea del Real Decreto sobre universidades, ya publicado, y al que precisamente el presidente del gobierno ha hecho referencia para recalcar no estar en contra de la iniciativa privada, pero sí de los “chiringuitos” que se limitan a vender títulos.

Este anuncio, del que ya hubo ciertas informaciones el año pasado, ha generado, como era previsible, una notable polémica en el sector educativo y requiere, dada la trascendencia, de una profunda y tranquila reflexión que nos permita situarlo en el contexto adecuado.

Sobre la titularidad del centro

Es innegable la profunda transformación que ha experimentado el sistema de formación profesional en España en los últimos años, que ha llevado aparejado un crecimiento muy significativo de la oferta y de la demanda. Ante esto, no cabe duda de que es necesario ordenar el sistema para que pueda cumplir sus objetivos de manera eficaz y satisfactoria para todos los agentes implicados.

Si las medidas que se tomen avanzan en esta dirección, serán bienvenidas

A este respecto, la calidad de la formación y la adecuada respuesta a las necesidades de cualificación de los sectores productivos son elementos clave para el éxito del sistema. Por tanto, si las medidas que se tomen avanzan en esta dirección, serán bienvenidas. Sin embargo, la propuesta conocida a través de los medios de comunicación introduce un matiz que nos preocupa, y mucho: cuestionar la calidad de los centros de FP privados, solo por ser privados.

Desde el Ejecutivo se reconoce que, junto a una oferta privada de calidad y excelente, existe también otra de menor nivel.  Esta afirmación, en sí misma, no es discutible; al igual que en cualquier sector, hay servicios mejores y peores. Lo que sí resulta preocupante es circunscribir esa realidad únicamente al ámbito privado. Porque también en la oferta pública existen diferencias de calidad. La titularidad pública de un centro de FP no es garantía “per se” de que todo se haga bien y con la calidad suficiente, como parece insinuarse.

La calidad de un centro o de la enseñanza que imparte no depende de si es público o privado. Existen magníficos ejemplos de excelencia en ambos ámbitos, aunque no tengan la etiqueta formal de “centros de excelencia”, y en muchos casos, esto ocurre porque desde las administraciones se restringe dicha denominación a centros de titularidad pública, sin que haya razones objetivas que lo avalen.

Son muchos los factores que inciden en la calidad educativa y no dependen de la titularidad del centro: estamos hablando de instalaciones, formación inicial y permanente del profesorado, implicación de los equipos directivos, relación con las empresas, apuesta por la innovación y la internacionalización, etc. Todos estos aspectos se recogen como puntos clave del sistema de formación profesional que emana de la Ley Orgánica 3/2022, que por cierto fue apoyada de forma clara por el sector privado al que ahora se quiere poner límites.

Calidad sí; prejuicios, no

Los anuncios conocidos también inciden en otro aspecto: para blindar la calidad de la FP son necesarios estándares, exigencia y control, reglas claras y responsabilidad. Esperemos que en el futuro Real Decreto se establezcan unas reglas del juego que atiendan a esas condiciones que garanticen la calidad, y no simplemente a quién imparte la formación.

Se ha repetido hasta la saciedad que la FP es un proyecto de país, y lo es. Por eso, la responsabilidad a la que se apela ha sido y debe seguir siendo compartida entre todos los actores que forman parte del sistema de formación profesional: administraciones, empresas, centros de formación, docentes, estudiantes, familias. Un proyecto de esta envergadura y trascendencia para el futuro de España no puede desarrollarse dejando al margen a una parte relevante de la sociedad.

En cualquier caso, no es momento de grandes declaraciones ni de palabras que conduzcan al enfrentamiento y al conflicto. Este anuncio se ha de concretar en un texto, que debe pasar todos los trámites correspondientes. En este proceso de desarrollo legislativo confiamos en que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, como ha hecho en otras ocasiones y con la voluntad de diálogo que nos reiteró la nueva ministra, Milagros Tolón, en la reunión que mantuvimos recientemente, nos convoque para poder expresar nuestras opiniones y contribuir a la mejora del sistema, alejándolo de medidas partidistas y que busquen controlar de manera arbitraria la creación de centros de iniciativa privada.

Es momento de actuar con cautela y esperar a conocer las condiciones concretas que se van a exigir a los centros para su creación. Cuando tengamos esa información, será el momento del análisis profundo y serio, del diálogo constructivo para llegar a acuerdos y de la defensa de los legítimos intereses de los centros privados que contribuyen a poder ofertar a nuestros jóvenes una formación que les abre las puertas del mercado laboral, dándoles esas oportunidades reales y contribuyendo al descenso del preocupante desempleo juvenil.

Conviene no olvidar que la colaboración público – privada está en el centro del sistema de FP que configura la Ley 3/2022, y recordar asimismo la labor decisiva que muchos centros privados han realizado en el pasado, cuando la FP no gozaba, de forma injusta, del merecido prestigio que ahora se va reconociendo.

Entre todos hemos traído la FP al lugar que le corresponde, y juntos debemos seguir trabajando para que continúe mejorando, proporcionando una formación que impulse la vida de muchas personas – que son lo primero siempre – y mejorando la competitividad de nuestro país. En ese esfuerzo, van a encontrar siempre nuestra colaboración.