QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en un pleno extraordinario del Congreso las líneas generales de su Plan de Acción por la Democracia, reafirmando que España es una de las democracias plenas del mundo, con un sistema electoral robusto, alto nivel de pluralismo y ejercicio activo de las libertades civiles.
Sin embargo, este anuncio ha suscitado preocupaciones fundamentales sobre la ausencia de una consulta adecuada a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la formulación de los ejes principales del plan gubernamental. Esta falta de participación podría comprometer la efectividad y legitimidad de las medidas propuestas.
Participación de la sociedad
Es esencial recordar que la democracia no es un proceso estático ni se construye de manera reactiva o desde arriba hacia abajo. Más bien, se nutre de una participación proactiva y diversa de todos los sectores de la sociedad.
El reciente anuncio de Pedro Sánchez ha suscitado preocupaciones fundamentales sobre la ausencia de una consulta adecuada a la sociedad civil y a organizaciones especializadas
Durante décadas, los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby, así como las organizaciones de la sociedad civil en España hemos defendido esta premisa, recordando constantemente la importancia del artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, y del artículo 9.2, que insta a los poderes públicos a promover la libertad, la igualdad y a remover obstáculos para la participación ciudadana.
La rapidez con la que se ha presentado este plan sin un adecuado análisis previo con las organizaciones de la sociedad civil es preocupante. Es como un diagnóstico médico emitido sin el estudio y análisis completo de los síntomas.
Retos y compromisos
La salud democrática de España, ganada con esfuerzo durante la Transición Democrática bajo la Constitución de 1978, enfrenta desafíos contemporáneos que actúan como virus debilitantes para nuestro sistema inmunitario democrático: falta de participación de la ciudadanía, desafección política, corrupción, excesiva centralización del poder, inestabilidad política y fragmentación parlamentaria.
La salud democrática de España enfrenta desafíos contemporáneos que actúan como virus debilitantes para nuestro sistema inmunitario democrático
Abordar estos desafíos requiere un compromiso renovado con la mejora institucional, la participación ciudadana y la promoción de valores democráticos fundamentales como el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la integridad, la libertad, el pluralismo y la justicia.
Además, es crucial colaborar para identificar nuestras debilidades sistémicas y protegernos contra las amenazas de desinformación, manipulación informativa e injerencia externa, tal como se establece en el Plan de Acción para la Democracia Europea que ha servido como modelo para el Plan por la Democracia Española impulsado por el presidente del Gobierno.
Si bien España debe implementar el Plan de Acción por la Democracia Europeo, la adaptación a nuestras realidades internas exige impulsar una participación ciudadana más activa y una sociedad civil más robusta, una mayor transparencia y acceso a la información, así como una separación de poderes solvente.
Elementos éstos que parecen ausentes en la primera presentación del plan por parte del presidente. Las medidas propuestas son insuficientes y carecen de un análisis profundo, diagnóstico estructurado y tratamiento necesario para revitalizar nuestra salud democrática y ajustarla a los desafíos del presente.
Las medidas propuestas son insuficientes y carecen de un análisis profundo, diagnóstico estructurado y tratamiento necesario
La sociedad civil, representada por organizaciones como APRI, Political Watch y Access Info, ha realizado un diagnóstico detallado y ha propuesto un tratamiento integral para mejorar la salud democrática de nuestro país. Este manifiesto, respaldado hasta el momento por más de 40 organizaciones expertas, marca un hito de consenso en la mejora de nuestras instituciones democráticas.
Propone medidas concretas como el reconocimiento del acceso a la información como un derecho fundamental, regulación efectiva de los grupos de interés en procesos legislativos, mejora de la calidad normativa y adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos.
Además, se aboga por innovadores mecanismos de participación como paneles y asambleas ciudadanas, así como reformas para fortalecer el derecho constitucional de petición, inspirados en las mejores prácticas internacionales.
APRI, Political Watch y Access Info, ha realizado un diagnóstico detallado y ha propuesto un tratamiento integral para mejorar la salud democrática de nuestro país
Es crucial mejorar los procesos de nombramientos judiciales, garantizando la aplicación de criterios objetivos que salvaguarden la imparcialidad y la independencia del sistema judicial, y preservar la salud informativa mediante la promoción de la educación mediática y la transparencia en la financiación de los medios de comunicación.
Gobierno Abierto
Para lograr una democracia renovada y fortalecida, el Gobierno debe adoptar una visión integrada y a largo plazo, coordinando eficazmente iniciativas como el V Plan de Gobierno Abierto, el Consenso por una Administración Abierta y la reciente Ley de Administración Abierta y garantizando su coherencia.
Estas políticas deben trascender los cambios de gobierno y convertirse en pilares fundamentales de nuestra política democrática. Es responsabilidad del Parlamento no solo preservar la calidad democrática, sino fortalecerla activamente como parte central de su función. En su mano está alcanzar acuerdos amplios que conviertan este plan en política de Estado.
Es responsabilidad del Parlamento no solo preservar la calidad democrática, sino fortalecerla activamente como parte central de su función
El manifiesto enviado a la Mesa del Congreso es un llamado urgente para que todas las instituciones democráticas, tanto ejecutivas como legislativas, se comprometan de manera firme y activa con la implementación de estas medidas. Solo así podremos avanzar hacia una democracia donde la participación, la transparencia, el acceso a la información y la integridad no sean meras aspiraciones, sino realidades palpables que definan nuestro compromiso con el verdadero significado de la democracia.
SOBRE LA FIRMA Javier Pérez es director de Political Watch. Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en participación ciudadana, tecnologías cívicas e incidencia pública. Irene Matías es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).
