Garantizar los derechos de la infancia en la era digital se ha convertido en un desafío urgente que involucra de una u otra manera a toda la sociedad. Los grandes avances tecnológicos, en especial los del entorno digital, han venido cargados de promesas de progreso, de productividad, de beneficios. Así ha sido con internet, con la inteligencia artificial o con la neurotecnología, por mencionar algunos. Con certeza, ninguno de ellos tuvo entre sus motivos primigenios mejorar las condiciones de vida del tercio de la población mundial que representan las personas menores de 18 años. Eso no quiere decir que, puestas a disposición de sus necesidades, no puedan significar mejoras en sus vidas, pero la experiencia reciente nos está empujando a ir detrás corrigiendo el rumbo cuando evidenciamos de forma amplia el impacto que tienen en sus derechos fundamentales.
La penetración de las tecnologías digitales ha transformado profundamente la vida de niños, niñas y adolescentes. El acceso temprano e intensivo a dispositivos, la presencia masiva en redes sociales y la exposición a nuevos riesgos está dejando huellas preocupantes en su salud mental y emocional.
Las consecuencias del consumo de contenido inadecuado, la violencia digital y la sobreexposición a plataformas y servicios han convertido el uso de pantallas en la infancia en un problema de salud pública. No se trata solo de amenazas externas, como el ciberacoso o la pérdida de privacidad, sino también de consecuencias más sutiles, como la fatiga mental, la presión por la imagen personal o la reducción de la interacción cara a cara, que afectan al desarrollo emocional y social de los más jóvenes.
Para responder adecuadamente ante un reto de tal dimensión, es esencial comprender con precisión el impacto digital en el bienestar de la infancia. Por ello, UNICEF España junto con la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería Informática y Red.es, ha elaborado el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en el que se ha consultado a cerca de 100.000 estudiantes de entre 10 y 20 años, que ofrece una radiografía actualizada y rigurosa sobre su relación con la tecnología.
Es en este contexto en el que debemos trazar una línea entre aquellos que deben ver cubiertas sus necesidades universales en virtud de su grado madurativo y dependencia y los que tienen el deber, la responsabilidad y la voluntad (o no) de garantizarlos.
Que la infancia sea considerada sujeto de derechos significa que niños, niñas y adolescentes no son meros receptores de protección, sino titulares plenos de derechos humanos, con capacidad para ejercerlos y exigir su cumplimiento. Este enfoque rompe con la visión asistencialista que predominó durante siglos, donde la infancia era vista como objeto de tutela. La consagración de este principio se consolidó con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada por la Asamblea General de la ONU, que marcó un hito al reconocer a la infancia como protagonista en la garantía de su bienestar, desarrollo y participación.
Además, en 2021 el Comité de los Derechos del Niño publicó la Observación General nº 25, haciendo su adaptación a este ámbito y reconociendo que lo que es un derecho en el mundo físico ha de serlo igualmente en mundo digital, asumiendo las diferencias de representación de cada uno de ellos.
En este marco, los garantes de derechos son las instituciones, autoridades y actores sociales responsables de hacer efectivos esos derechos. Su papel no se limita a prevenir vulneraciones, sino también a crear entornos donde la infancia los pueda ejercer en igualdad y dignidad.
El Estado tiene la obligación de liderar la responsabilidad de legislar y supervisar los entornos digitales. También de generar las condiciones para que las familias y los centros educativos puedan acompañar y formar a niños, niñas y adolescentes en un uso crítico y saludable de la tecnología a través de unas ejemplares políticas públicas.
Siendo conscientes de que hay una parte importante de los aspectos regulatorios que deben abordarse en el marco europeo se abren claramente dos caminos. Por un lado, el de liderar el proceso con nuestros socios comunitarios. Por otro, el impulso de políticas públicas en aquellos aspectos donde el reto es la coordinación competencial entre los distintos niveles del Estado: políticas educativas, conciliación, violencias contra la infancia, etc.
Como no es posible hacer un uso responsable de unas aplicaciones y servicios irresponsables, las plataformas y empresas tecnológicas, por su parte, están obligadas a diseñar sistemas que protejan a los usuarios y a no basarse en modelos de negocio orientados a la explotación de sus vulnerabilidades.
En este sentido hay que reconocer que no todas las compañías están haciendo los mismos esfuerzos por contribuir a la mejora de la situación. Desde UNICEF estamos proponiendo la elaboración de informes corporativos sólidos sobre el impacto en los derechos de la infancia en el entorno digital. Facilitar información transparente a los reguladores, accionistas y grupos de interés sobre cómo se abordan, evalúan y resuelven los eventos o situaciones en los que los derechos de infancia pueden ser promovidos o protegidos sería un camino decisivo que contribuiría a ese marco que es la seguridad desde el diseño de productos y servicios y también a distinguir a aquellos que están asumiendo sus responsabilidades, legales o éticas.
Hay que reconocer también que ningún agente social por si solo será capaz de avanzar en las soluciones de una forma decisiva y será necesario un abordaje comunitario con unas estrategias preventivas compartidas. Ante el vértigo que supone la llegada continua de tecnologías disruptivas que cuestionan los marcos que vamos construyendo se hace más necesario que nunca adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia que permita diseñar medidas que equilibren la conectividad con la creación de entornos digitales protectores, fomenten el desarrollo de competencias digitales y tengan en cuenta la voz de los propios jóvenes.
De este modo, es posible aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización, prevenir riesgos y evitar una brecha intergeneracional, garantizando que la tecnología contribuya al bienestar y al desarrollo de toda la infancia. Familias, docentes, personal sanitario, organizaciones de infancia, los propios niños y niñas, articulados como sociedad civil han trasladado la urgencia del reto. Será muy difícil de explicar que un asunto con este grado de transversalidad, no hay hogar donde no se manifieste uno u otro ángulo del problema, no encuentre el eco necesario de nuestros representantes o de aquellos que tienen la capacidad de marcar la diferencia.
SOBRE LA FIRMA:
Nacho Guadix es responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España. Su trabajo en políticas educativas para la promoción y el cumplimiento de los derechos de la infancia le lleva a colaborar con administraciones educativas, centros de enseñanza e investigación y otras entidades.