QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo miércoles 12 de noviembre, se prevé cerrar el plazo de enmiendas del proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales. Según trasladaron fuentes del Ejecutivo a Demócrata, la intención es despachar la ponencia en dos o tres reuniones para tener listo un dictamen que pase por Pleno antes de fin de año.
En este contexto, Demócrata conversa con Gonçal Bonhomme, presidente de la Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat), una de las asociaciones que fue llamadas a comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso con motivo del debate del proyecto de ley.
PREGUNTA – En vuestra comparecencia en la Comisión de Justicia, pusisteis de manifiesto que la protección del menor en entornos digitales exige tipificar el ciberbullyng en el Código Penal. En palabras de vuestro compañero Ramón Arno: «Poner nombre a las cosas». ¿Dónde radica la importancia?
R – Aunque está genéricamente recogido es mejor especificarlo, porque después en los tribunales siempre hay interpretaciones. El derecho tiene que proteger al menor y tener su sentido, independientemente de los cambios tecnológicos.
P- Otro pilar de vuestra propuesta es reforzar la patria potestad, ¿qué justifica esta necesidad?
R- En los últimos años se ha delegado mucho. Es un tema que si lo comentas en la calle nadie sabe lo que es y es grave. Hablamos de un derecho de los padres, pero también de una obligación. Con la retirada del Código Penal del derecho de corrección la patria potestad se ha quedada vacía.
Cuando quitan el móvil y el chaval se rebota, los padres se asustan. Pero deben tener muy claro que tienen todo el derecho a hacerlo para ayudarle a aprender a usar la tecnología. O incluso intervenir las comunicaciones para ver con quién se conecta, pues tienen la obligación de enseñar en qué consiste la tecnología y los riesgos y beneficios que tiene.
Desde Telecos.cat, vemos esta propuesta como un avance a la hora remarcar las responsabilidades que tiene los padres en la educación de los hijos, en todos los campos, también en el ámbito tecnológico.
Dicho lo cual, también queremos dejar claro, que no estamos por la prohibición del uso de las pantallas, pues antes que la prohibición está la regulación. Si no, si prohíbes el uso de los teléfonos, luego cuando con más edad tengan libre acceso, carecerán de la formación para su uso correcto. Para ello, hay que utilizar las leyes que ya tenemos y modificarlas. De hecho, creo que en el tema de protección de los menores de edad, la escalabilidad de las acciones legales es muy importante.
P- ¿Sobre quién debe recaer entonces la responsabilidad?
R – Para la protección de los menores lo más importante es empezar por sus círculos más próximos, que es la familia. Y la familia, como decía antes, ha delegado mucho su patria potestad. El problema que tenemos es que muchas veces los menores tienen más conocimientos técnicos de las redes sociales que los propios progenitores. Pero no es una cosa a la que se puede renunciar y los padres tienen la obligación de aprender, como todo el mundo.
De hecho, la Unión Europea tras la pandemia creó un plan para digitalizar Europa y promover que todos los ciudadanos tuvieran los conocimientos suficientes para moverse en la sociedad que estamos creando, que está basada en una tecnología digital.
En segundo lugar, estaría la escuela, que también creemos que no tiene que basarse en la prohibición de las pantallas, sino en la educación de la tecnología de sus alumnos.
El tercer paso sí que es la de la coerción del Estado a las grandes empresas que están distribuyendo contenidos y creando contenidos. Esa es nuestra posición que creo que es la lógica, porque es una escalabilidad de proximidad con el menor: la familia, la escuela y después las empresas del sector de telecomunicaciones y de contenido.
P- ¿Hay margen con las empresas?
R- Se ha de regular a las grandes operadoras de telecomunicación, porque al campo sí se le pueden poner puertas. Se tiene que ejercer esa coerción del Estado sobre las operadoras de telecomunicación, para que cuando haya algún proveedor de contenidos que incumpla la ley, incluso aunque esa fuente esté fuera de la Unión Europea, las operadoras pueden bloquearlo. Y este tema es complementario al papel de las familias.
P- Junts ha anunciado su bloqueo a todos los proyectos del Gobierno. ¿Temen que esta ley pueda ser una víctima colateral de esa ruptura con el PSOE?
R- No me puedo pronunciar políticamente, porque somos una asociación profesional y tenemos que tener neutralidad. Pero la verdad es que esta ley, como todas las demás que se están tramitando, tiene mucha importancia. En el caso de la protección de menores, los partidos políticos tienen que legislar su obligación. Sabemos que estamos en un régimen parlamentario en el que los partidos negocian entre ellos la capacidad de llevar a cabo sus programas.
Junts también dijo que apoyarían las leyes que beneficien a Cataluña y por lo tanto queda a decisión del grupo parlamentario.
