La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una buena noticia. Y lo es por dos motivos fundamentales: primero, porque mejora de forma tangible la vida de la gente; y segundo, porque demuestra que la política sirve para transformar la economía desde los valores. En un contexto marcado por la incertidumbre y la desigualdad, esta norma llega para recordarnos algo esencial: que producir riqueza y cuidar a las personas no solo es compatible, es imprescindible.
Esta ley nace en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la mano de Yolanda Díaz, tras años de diálogo real y sostenido con el sector. Es el resultado de escuchar a cooperativas, asociaciones, empresas de inserción y fundaciones que llevan décadas demostrando que se puede crear empleo y actividad económica sin renunciar a la justicia social, la igualdad y la cohesión territorial.
Desde Sumar hemos situado la economía social en el centro de nuestra agenda política desde el primer día. Y eso se nota. Mientras otros reducen el debate económico a macrocifras de PIB o déficit, aquí hablamos de empleo digno, sostenibilidad, igualdad y democracia económica. Esta ley persigue un objetivo claro: modernizar, proteger y fortalecer un modelo que ya funciona y que es clave para el presente y el futuro del país.
La economía social representa cerca del 10% del PIB español y genera casi 2,2 millones de empleos directos e indirectos. Además, ha demostrado una resiliencia ejemplar en los momentos más duros. Por ejemplo, durante la pandemia, cooperativas y empresas de inserción mantuvieron el empleo cuando muchas grandes corporaciones optaban por deslocalizar o recortar plantillas. Por eso, esta ley actualiza el marco legal al siglo XXI: clarifica qué entidades forman parte del sector, refuerza la participación y la igualdad en las cooperativas, impulsa la digitalización y garantiza que la economía social siga siendo realmente social, y no un simple sello vacío.
Asi, uno de los avances más importantes es el blindaje del sentido social de las empresas de inserción. Durante demasiado tiempo, algunas empresas se autodenominaban así únicamente para acceder a subvenciones o contratos públicos, sin ofrecer itinerarios formativos ni acompañamiento real. Con esta ley, eso se acaba. Solo podrán acogerse a este régimen aquellas empresas que acrediten un compromiso social efectivo, con planes de formación, acompañamiento personalizado y objetivos reales de inserción laboral. La economía social no puede ser una coartada: es un compromiso ético y político con la inclusión. Ejemplos como Amicos en Galicia, insertándote en Andalucía o Traperos de Emaús en Navarra muestran que otra forma de hacer empresa no solo es posible, sino eficaz.
La ley también recupera la esencia de los Centros Especiales de Empleo, diferenciando claramente entre los de iniciativa social y los de iniciativa privada lucrativa. A partir de ahora, el apoyo público se dirigirá prioritariamente a quienes reinvierten cada euro en mejorar la vida de las personas con discapacidad. No es ideología: es eficacia social. Los centros de iniciativa social emplean a más de 111.000 personas con discapacidad y generan hasta ocho euros de valor social por cada euro público invertido. Esa es la rentabilidad que importa.
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Mirando al futuro, el texto impulsa la modernización, la digitalización y la transición ecológica justa, permitiendo que experiencias que ya existen sobre el terreno tengan un marco de apoyo estable para crecer y replicarse. La economía social debe liderar la transformación verde y tecnológica desde sus valores. Cooperativas de bioconstrucción en Aragón o proyectos como Som Energia en el País Valencià demuestran que es posible avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, democrático y arraigado al territorio.
Además, esta ley es también un ejemplo de cómo se legisla bien. Su tramitación parlamentaria ha sido un proceso de diálogo exitoso, en el que la Secretaría de Estado de Economía Social y el Grupo Parlamentario Sumar hemos logrado acordar de forma transaccional más de 60 enmiendas con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Un trabajo serio, constructivo y plural que demuestra que cuando hay voluntad política, el Parlamento puede ser un espacio útil para mejorar las leyes. No es casualidad que el proyecto ya haya sido aprobado en la Comisión de Trabajo con el voto favorable de todos los grupos del bloque de investidura, sin excepción.
Cada cooperativa, cada empresa de inserción y cada centro especial de empleo son piezas del país decente que queremos construir
España es hoy un referente europeo en economía social. Otros países como Portugal, Francia o México miran hacia nuestro país para seguir nuestra senda. El Plan de Acción Europeo para la Economía Social reconoce el modelo español como ejemplo de equilibrio entre competitividad y cohesión social.
En definitiva, esta ley no es solo un texto legal. Es una declaración de principios. Demuestra que en Sumar gobernamos con una idea clara: que la economía tiene que servir a las personas y no al revés. Que las decisiones económicas deben medirse en términos de justicia social, igualdad y dignidad de vidas concretas, no solo en puntos de PIB. Cada cooperativa, cada empresa de inserción y cada centro especial de empleo son piezas del país decente que queremos construir. Producir con justicia también es una forma de hacer país. Con esta ley damos un paso más para que esa forma de hacer economía deje de ser la excepción y se convierta, poco a poco, en la norma.
SOBRE LA FIRMA: Verónica M. Barbero es diputada por Pontevedra y portavoz parlamentaria del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar