España necesitaba una brújula clara para orientar las políticas de movilidad durante los próximos años, que garantizara su continuidad y que contribuyera a su descarbonización. La Ley de Movilidad Sostenible nace justo para eso: dotar de seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a unas políticas que afectan a la vida cotidiana de millones de personas y a la competitividad de nuestra economía. No es una norma para “añadir papeleo”, sino la capa de base que impide retrocesos y consolida una movilidad más segura, limpia y conectada, con beneficios para ciudadanía, tejido económico y administraciones públicas.
La ley consolida el modelo concesional de autobuses de largo recorrido garantizando el mantenimiento de todas las paradas, el servicio público allí donde el mercado, por sí solo, no llegaría y asegurando la renovación de los contratos. Fomenta la competitividad y refuerza el tejido empresarial del sector del transporte y proporciona certidumbre a la financiación estatal del transporte público colectivo con criterios claros y previsibles. Además, reconoce el transporte de mercancías como servicio esencial e impulsa la integración eficiente del ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos para garantizar el abastecimiento, optimizar las cadenas de suministro y reducir el impacto climático.
El eje central de la ley es poner a las personas en la toma de decisiones. La Ley reconoce por primera vez el derecho a una movilidad sostenible y justa y lo vincula a una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte: porque cuando encontrar una alternativa al vehículo privado es imposible, el gasto se dispara y se resienten la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo, la educación o la sanidad, entre otros. Además, impulsa los planes de movilidad al trabajo en las empresas y prevé líneas de apoyo para facilitar su implantación real. Son medidas concretas con impacto directo en tiempo, coste y salud de los desplazamientos diarios, una actuación clave que contribuirá a un cambio en los hábitos sociales de movilidad recurrente.
Para las administraciones públicas, la Ley fortalece la gobernanza entre administraciones y crea, además, un Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) para dinamizar el sector y mejorar el servicio al ciudadano, con menor coste y mayor eficiencia:personalización de la oferta, información completa y actualizada, frecuencia y tiempo real. Además, abre un sandbox regulatorio que acelera la innovación segura: probar, aprender y escalar aquello que funciona al servicio de la gente. Son herramientas modernas para gestionar con rigor y rendición de cuentas.
Y, sobre todo, impulsará la transformación del modelo de movilidad. Por primera vez un sector —el transporte— se fija el horizonte de neutralidad climática y se dota de mecanismos para lograrla: más transporte público y a demanda, fomento de la movilidad activa, servicios de movilidad compartido, actualización de etiquetas ambientales.
Esta Ley no es un fin en sí mismo; es una garantía que fija una hoja de ruta para una planificación responsable, utilizando datos de calidad para decidir mejor y orientando las ayudas públicas para reducir barreras y hacer el transporte colectivo más sencillo y atractivo, y dando una garantía de continuidad. Es una apuesta de Estado y una invitación a cooperar: instituciones, empresas, trabajadores y usuarios. Porque la movilidad no va de coches o trenes, sino de oportunidades reales para todos.
Con esta norma, España se da a sí misma un marco ambicioso y viable para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y seguir canalizando inversiones europeas y nacionales transformadoras. Ahora toca desplegarla con la misma determinación con la que ha sido concebida: con diálogo, evidencia y vocación de servicio público.
SOBRE LA FIRMA:
Sara Hernández del Olmo es secretaria general de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.