En diciembre de 2019 la Comisión Europea lanzaba el “Pacto Verde Europeo”, una estrategia de alcance y contenido para llevar a nuestro continente hacia la neutralidad climática a mediados de siglo. Europa se situaba en vanguardia de la lucha contra el cambio climático y en línea con nuestros compromisos internacionales.
El Pacto Verde Europeo se ha ido sustanciando en múltiples regulaciones que se van permeabilizando y transponiendo en nuestros estados miembros ,entre ellos España. Desde 2019 a 2024 la UE hizo, con un amplio consenso político que incluía a populares, socialistas, liberales y verdes, un esfuerzo por avanzar en la descarbonización y liderar la única estrategia de crecimiento sostenible posible para una Europa que carece de combustibles fósiles.
El Pacto Verde Europeo supone la aceptación de la necesidad de una descarbonización ágil. Fuera ya del debate la necesidad de avanzar hacia una Europa con emisiones de CO2 neutras lo que se pasaba a discutir eran las herramientas , los ajustes y los ritmos a los que avanzar por esa transición ecológica.
Desde 2024 , tras las elecciones en las que los grupos reaccionarios y populistas ganaron espacio en el escenario europeo y con ellos el negacionismo y retardismo climático, asistimos a una serie de pasos atrás en la ambición del Pacto Verde Europeo motivados fundamentalmente por la posición dubitativa y en ocasiones mimética con esas fuerzas del Partido Popular Europeo. Pero a pesar de todo aún no se niega la mayor: la necesidad de avanzar ante uno de los mayores desafíos que enfrentamos como europeos. ¿Por qué no se pueden replicar estos consensos en nuestro país?
Rememoro todo lo anterior porque aunque en España somos parte activa de ese Pacto Verde Europeo, aún nos falta debate sobre lo que supone para nuestro país la crisis climática. Hemos avanzado mucho desde que la Transición Ecológica tiene rango de vicepresidencia y hemos aportado también liderazgo climático al debate europeo, pero es posible que falte interiorizar lo que que está ocurriendo ya en nuestro país. Según la AEMET, la temperatura media en España ha aumentado 1,7 ºC desde 1961, y los veranos duran hoy cinco semanas más que en los años 80.
Probablemente no lo esperábamos tan pronto y nos hemos sorprendido con la violencia con la que nos está golpeando : sequías, altas temperaturas, inundaciones o incendios de sexta generación. Probablemente debamos aceptar que no hemos debatido lo suficiente sobre la necesidad de un gran acuerdo que se mantenga a lo largo del tiempo y que definitivamente nos centre en el camino del reto que supone para nuestra sociedad y nuestras administraciones públicas los escenarios que nos indican los científicos que estamos viendo y que vamos a ver.
En un territorio tan extenso y diverso como España y con riesgos tan diferenciados territorialmente resulta necesario realizar un trabajo intenso y razonado para dar con las soluciones más adecuadas en cada caso
Un Pacto de Estado ante la evolución de la crisis climática es necesario y no parece sensato evitar el debate, ponerse de lado o torpedearlo con el único objetivo de la polarización. Ese Pacto requiere de un amplio diálogo social y consenso, pues interpela a todos los ámbitos de nuestra vida y tiene múltiples dimensiones: medioambientales, de salud, económicas, de seguridad de organización del Estado, alimentarias, culturales, etc.
Además, es oportuno plantearlo cuando aún no nos hemos curado de una herida reciente como la de los incendios. Todos sabemos que hay catástrofes que tendemos a olvidar o postergar en la agenda pública una vez que han pasado. Un claro ejemplo son los incendios de los que en invierno poco o nada escuchamos hablar y que desembocan en un desinterés por la necesidad de la prevención.
El objetivo del Pacto Verde Europeo está enfocado hacia la “mitigación”, con múltiples herramientas legales y financieras que tienen como fin fundamental reducir emisiones de CO2. No es excesivamente ambicioso en términos de adaptación a las realidades de la crisis climática, salvo en lo que se refiere al desarrollo de la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya aplicación emerge como una de las políticas prioritarias para recuperar lo que se ha quemado. Por lo tanto resulta crucial que, aceptando e implementando sin demora las regulaciones climáticas de UE ,en las que algunos casos arrastramos los pies, nos centremos más en las estrategias de “adaptación”.
En un territorio tan extenso y diverso como España y con riesgos tan diferenciados territorialmente resulta necesario realizar un trabajo intenso y razonado para dar con las soluciones más adecuadas en cada caso. Ninguno de los riesgos que la crisis climática aumenta, tiene una única solución ni una medida preventiva mágica que nos garantice quedarnos fuera de los impactos.
Por lo tanto el debate es procedente y la necesidad de un Pacto con perspectivas intergeneracionales parece de sentido común. Ese gran acuerdo debe contar con un diálogo intenso y hacer un gran esfuerzo por convencer a toda la sociedad de la tarea titánica a la que nos enfrentamos en un mundo que se calienta peligrosamente y tiene en el sur de Europa una de las zonas del planeta donde más se están sufriendo los efectos.
Un Pacto de Estado por la Emergencia Climática es en realidad una apuesta por nuestra seguridad, convivencia y bienestar. Abordar de forma decidida cómo hacer frente como sociedad a los efectos del cambio climático es un deber que ya no podemos aplazar.
SOBRE LA FIRMA:
Nicolás González Casares es diputado del Parlamento Europeo por el PSOE y miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D)