QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
A finales del año pasado, España dio un paso histórico al comenzar el proceso para salir del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), después del anuncio ya realizado en octubre de 2022.
Este acuerdo internacional, firmado en 1994, buscaba proteger las inversiones energéticas en un contexto de cambio geopolítico tras la caída de la Unión Soviética y no ha sido reformado desde su entrada en vigor en 1998.
En la actualidad se encuentra obsoleto: protege las inversiones en carbón, el gas fósil o petróleo y conlleva que la transición energética sea mucho más cara y lenta. Es un obstáculo para la transición energética transparente y justa.
La posición de España y otros países
La decisión de España no es una decisión aislada, apresurada o no consensuada, todo lo contrario. El IPCC — el Panel Intergubernamental del Cambio Climático — advertía que tratados como el TCE pueden limitar la capacidad de los países para adoptar políticas climáticas relacionadas con el comercio.
Desde el Parlamento Europeo, en noviembre de 2022, aprobamos una resolución sobre los resultados de la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía, que indicaba “que el TCE vigente es un instrumento obsoleto que ya no sirve a los intereses de la Unión Europea” e instaba a la Comisión y a los Estados miembros que empiecen a preparar la salida de este.
A finales del año pasado, España dio un paso histórico al comenzar el proceso para salir del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), después del anuncio ya realizado en octubre de 2022.
Países como Francia, Países Bajos, Portugal, Italia, Luxemburgo o Polonia también han anunciado o ya materializado su salida del TCE. Esta ola de abandonos refleja una creciente preocupación por el impacto del tratado en la lucha contra el cambio climático y se da una vez atestiguada la imposibilidad de modernizarlo o de la ansiada salida coordinada de la Unión en su conjunto.
Propuesta de retirada del TCE
En 2019, el Consejo dio el mandato a la Comisión para negociar su modernización como posible solución, pero los esfuerzos fracasaron. En julio del año pasado, la Comisión publicó una propuesta de retirada de la Unión del TCE. Sin embargo, con algunos Estados miembros queriendo mantenerse en el TCE, como Chipre o Eslovaquia, estamos en un callejón sin salida.
El TCE no es compatible con los objetivos climáticos de la Unión, del Pacto Verde Europeo, ya que protege las inversiones en combustibles fósiles, incluso si estas son incompatibles con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, haciendo más difícil que los Estados miembros puedan implementar políticas acordes.
Se trata también de una amenaza a la soberanía energética de los Estados y de la propia Unión, ya que el TCE permite a empresas privadas demandar a los gobiernos por medidas que afecten sus inversiones, incluso si estas medidas buscan proteger el medio ambiente o la salud pública.
El TCE no es compatible con los objetivos climáticos de la Unión, del Pacto Verde Europeo, ya que protege las inversiones en combustibles fósiles
Bajo este tratado, los países que implementen políticas climáticas que puedan limitar los beneficios de las empresas de combustibles fósiles están expuestos a ser desafiados por dichas empresas. Por ejemplo, en 2021 las empresas energéticas alemanas RWE y Uniper demandaron a los Países Bajos por 2.400 millones de euros por aprobar una ley que prohibía las centrales eléctricas de carbón más allá de 2030.
Seguridad energética de la UE
Aunque existen casos, el TCE no solo ha protegido inversiones en combustibles fósiles sino también contra cambios regulatorios retroactivos a proyectos renovables, como los implementados por el Gobierno de Rajoy (que provocaron un parón en el sector renovable español). Esto no puede servir como argumento para mantener un este instrumento incompatible con Paris.
La Unión ya se ha dotado de regulación comunitaria que impide cambios regulatorios retroactivos que afecten la viabilidad económica del apoyo de los proyectos renovables (véase artículo 6 de la Directiva de energías renovables [Directiva (UE) 2018/2001]).
La salida del TCE implicará mayor libertad para legislar en materia de transición energética para implementar políticas que favorezcan las energías renovables y la eficiencia energética
En el año 2022, la seguridad energética de la Unión se puso fuertes aprietos, y nuestra dependencia de los combustibles fósiles resultó ser un talón de Aquiles. Para hacer frente a la crisis de precios hubo que derribar dogmas que parecían inamovibles, establecer duras medidas de emergencias y llevar a cabo reformas en tiempo récord. Reformas cuyo denominador común tratamos de que fuera la aceleración de la transición ecológica.
Para ello tuvo que haber países que reclamaran medidas ante la pasividad existente. Con el TCE ocurre lo mismo. Después de más de 5 años de negociaciones, era necesario dar este paso. España siempre se ha mostrado partidaria de una salida coordinada, pero ante la falta de consenso, es necesario actuar.
La salida del TCE implicará mayor libertad para legislar en materia de transición energética para implementar políticas que favorezcan las energías renovables y la eficiencia energética. Es también una señal de nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y la construcción de un futuro energético más sostenible donde la seguridad energética, la justicia social y la protección del medio ambiente están al frente.
SOBRE LA FIRMA Nicolás González Casares es diputado del Parlamento Europeo por el PSOE y miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D).
