QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las pensiones son nuestro seguro de envejecimiento que permite observar el futuro con la tranquilidad de que nuestro esfuerzo tendrá su recompensa. Nos asegura una renta vitalicia que sostiene un pilar fundamental de nuestra sociedad del bienestar, bienestar que hemos determinado entre todos. Y desde un punto de vista humanista, es el reconocimiento y agradecimiento a nuestros mayores por ese esfuerzo y trabajo que nos permite recibir un mejor futuro.
Siendo este planteamiento tan básico y a su vez tan necesario, no está exento de polémica y tampoco de su uso partidista y por tanto político, generando unos efectos tan perversos que nos aleja de conceptos que todos anhelamos como la seguridad, estabilidad, tranquilidad, sociedad de bienestar… Y por tanto futuro seguro, futuro tranquilo.
Más de un siglo de historia
Es por ello que creemos necesario hacer un pequeño repaso de cuáles han sido los hitos más importantes que hemos tenido en nuestra historia de “pensiones”. Si les parece, empezamos.
¿Cuándo fijamos el inicio? En España habría un primer momento, en 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión, pero fue a través del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero Obligatorio (RDL 11/03/1919, aprobado por Antonio Maura), cuando realmente debemos fijar el inicio del concepto moderno de “las pensiones”. Más tarde, durante la II República se introdujo en la Constitución, vía artículo 46, lo referente a la legislación social con el seguro de vejez.
Es bajo el mandato de Antonio Maura, en 1919, cuando se fija el concepto moderno de «las pensiones».
Una tercera fase la identificaríamos en los años 1938-1939, con la aprobación del Fuero del Trabajo artículo X apartado 2, y las posteriores leyes: Ley de Bases de la Seguridad Social, de 1963, y Ley General de la Seguridad Social, de 1966.
En nuestra Transición, ya en el año 1977, encontramos la primera reforma para modernizar el conjunto de las pensiones. A lo que siguió en el año 1985, una reforma del presidente González, que tuvo dos aspectos fundamentales. Por un lado, el afianzamiento de la revalorización conforme al IPC, y a su vez un endurecimiento del acceso a las pensiones, lo que acabó en una huelga general en 1988.
El Pacto de Toledo
Siendo conscientes de la importancia social de las pensiones, aprovechando las experiencias anteriores y atendiendo a las necesidad de sacar del debate político esta cuestión, el presidente González y el entonces líder de la oposición, José María Aznar, acordaron la creación del Pacto de Toledo (aprobado en el Pleno del Congreso, sesión del 6/04/1995), con la finalidad de adoptar las decisiones necesarias con dos grandes objetivos: asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones de la Seguridad Social.
Este pacto llevó a importantes reformas, como la creación en el año 1999, de una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que se reuniría cada cinco años y que. Como su nombre indica, tendría por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema, dotar de seguridad y estabilidad al sistema e incluso la creación de una figura nueva que atendiese a las posibles necesidades futuras. Fue el caso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (2000), conocido coloquialmente como la «hucha de las pensiones» (en 2004, disponía de 19.330 millones de ahorro).
Para hacernos conscientes de los riesgos a los que se exponía nuestro sistema merece la pena recordar que una de las primeras medidas que tuvo que adoptar el presidente Aznar al llegar al Gobierno (1996) fue pedir un préstamo a las entidades bancarias que permitiera hacer frente a la paga extra de los pensionistas (el sistema tenía un déficit 3.173 millones de euros).
En el año 2013, con una crisis financiera que azotaba de una manera más dura a España, y viniendo de una congelación de las pensiones acordada por el presidente Zapatero, se aprobó la ley 23/2013, esta ley sirvió para la creación del factor de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que daba seguridad tanto a los pensionistas del momento como a los futuros pensionistas. Se recuperaba la credibilidad en el sistema, que de nuevo estaba muy próximo a la quiebra, como ya había pasado en el año 1996.
El sistema necesitaba de una reforma profunda para transmitir esa tranquilidad también hacía el exterior, principalmente hacia nuestros socios europeos que tenían serias dudas de las garantías de estabilidad y seguridad que, como exponíamos al principio del artículo, eran pilares que siempre se han defendido.
Y ya en el año 2021, en el marco del Pacto de Toledo, se acordó por la gran mayoría de partidos políticos (entre ellos el Partido Popular, aunque sorprendentemente este extremo se niega o confunde desde el Partido Socialista) fijar que la revalorización de las pensiones se hiciera conforme al IPC, así como aprobar otras reformas de calado.
Hasta aquí el breve relato de lo que ha sido la historia de nuestras pensiones en sus algo más de 100 años. No obstante, no podemos concluir este artículo sin analizar qué es lo que nos ha pasado en estos 5 últimos años, por qué esa visión de Estado se ha roto o por qué se trasladan mensajes que no responden a la realidad anunciando medidas que falsean datos o los esconden. Para una mejor comprensión, avancemos un par de detalles.
Una defensa de la reforma de 2013
Tal como hemos explicado, por dos veces gobiernos del Partido Popular han recibido las pensiones en quiebra y han tenido que asegurarlas y garantizarlas, y se ha hecho con éxito, convirtiéndose en el principal aval del PP. Jamás el Partido Popular congeló las pensiones, cosa que si hicieron otros en el año 2010.
Hemos oído críticas al presidente Rajoy, apuntando que acordó una subida de las pensiones limitadas a un 0,25%. Les invito a que acudan a la ley 23/2013, a su artículo 7, y puedan ustedes leer su redacción:
“En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento”.
Como han podido comprobar, no es cierta esa afirmación (mínimo 0,25% y máximo IPC +0,5%). Con esta ley se evitaba que nunca más se fueran a congelar las pensiones. De hecho, cuando el IPC fue negativo o cero (años 2014 y 2015), los pensionistas no vieron congeladas sus pensiones, sino que crecieron por encima de esos valores.
Incluso en el año 2018, (siendo el IPC de ese año del 1,2%) se acordó la subida de las pensiones al 1,6 % con carácter general, un 3% para las pensiones no contributivas y las mínimas, además de un incremento de las pensiones de viudedad del 7,6% (incremento del 52 al 56% y compromiso de un 60% en el 2019). A esta revalorización hay que añadir la mejora de la tributación en la Renta. Todo ello permite afirmar que desde el año 2013 al 2018, los pensionistas en España ganaron poder adquisitivo.
A mi pregunta de «¿Cuántos de ustedes creen que tendrán pensiones el día de mañana?», la respuesta fue desoladora: nadie levantó la mano.
Y por otro lado, ¿qué ha hecho el Gobierno del presidente Sánchez? Apropiarse de una propuesta acordada por la gran mayoría de partidos políticos en el Pacto de Toledo para posteriormente aprobar una reforma de pensiones que contiene elementos negativos que han negado u ocultado. Utilizando todo esto para hacer un debate político “dopado” de falsedades y rompiendo el acuerdo del año 1995. Enunciemos algunas medidas:
- Incremento de las cotizaciones sociales (medida que era rechazada por el actual ministro cuando era presidente de la Airef)
- Hacer una reforma que no cuenta con el aval ni del Banco de España, ni de la AIREF, ni de FEDEA, entre otros organismos.
- Regular lo que algunos llaman ”una patada para adelante”, pues las medidas tienen unos efectos visibles en el año 2024, 2026, 2044, 2050 e incluso 2065. Lo que traslada a futuro los errores de diseño.
- Por último, regular un sistema que establece que, si los números no cuadran, y todos los organismos anticipan que los números no van a cuadrar, conllevará un ajuste vía incremento de las cotizaciones sociales (más impuestos) o vía bajada del gasto en pensiones (recorte en las pensiones) o ambas medidas aplicadas conjuntamente. Para quien tenga dudas sobre esta cuestión, pueden acudir a la DA segunda del RDL 2/2023.
Se puede concluir que la propuesta que tenemos los españoles sobre la mesa, ni responde a los retos que exige nuestro sistema de pensiones, ni aporta soluciones que sean las adecuadas. Más bien traslada a las generaciones futuras graves problemas de sostenibilidad y equilibrio, acompañada de una enorme deuda que aún lo hará más dificultoso todo.
Una vuelta al espíritu del Pacto
Es por ello que creemos es el momento de retornar al espíritu del Pacto de Toledo, excluirlo de la controversia política, no utilizarlo electoralmente, no mentir sobre los datos y encuadrarlo en un debate político más sosegado. Eso debe ser la aspiración de un país que se preocupa por sus ciudadanos, por su presente, pero también por su futuro, por ese equilibrio intergeneracional, que de garantía a nuestros mayores pero que no genere desesperanza en los más jóvenes.
Esta semana tuve la oportunidad de ser invitado a participar en un acto con unos jóvenes en una universidad para hablar del escenario económico. A mi pregunta de «¿Cuántos de ustedes creen que tendrán pensiones el día de mañana?», la respuesta fue desoladora: nadie levantó la mano. Ningún joven cree que tendrá jubilación. Esto significa una ruptura generacional que puede tener graves consecuencias, pedimos, invitamos a la responsabilidad política, no volver a usar las pensiones como instrumento de confrontación política. Y les dejo mi última reflexión:
Hoy hay en España algo más de 9,3 millones de pensionistas (y un total de casi 10 millones de pensiones), pero en el año 2047 seremos 15 millones de pensionistas. Frente a los 190.000 millones de euros presupuestados en pensiones para 2023, los 5 millones de pensionistas adicionales conllevarán la necesidad de otros casi 100.000 millones de euros más si esa realidad la tuviéramos ahora, en el año 23.
En el periodo 2013-2018, los pensionistas no vieron congeladas sus pensiones, sino que crecieron por encima del IPC.
¿No les parece que es el momento del Pacto de Toledo… real? ¿No les parece que frente a los mensajes vacíos, es el momento de trabajar por la productividad para mejorar los salarios? ¿No les parece que es el momento de mejorar la natalidad y conciliación, reducir nuestras cifras de desempleo dando respuesta a los más de 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren?
¿No les parece que es el momento de mejorar nuestra regulación para evitar costes innecesarios, reducir el gasto superfluo, apoyar y beneficiar el ahorro privado como tercer pilar? ¿No les parece que es el momento de buscar las fórmulas para que esos trabajadores que quieren trabajar más, y que así nos lo indica la UE, lo puedan hacer, o para que los Next Generation sean una realidad?
Frente a los que quieren levantar muros, nosotros creemos que es el momento de construir puentes, puentes entre la generación Silver y la generación Z, entre los abuelos y padres y sus hijos y nietos. Esto se construye entre todos, con esfuerzo y compromiso, pero siempre con el apellido “todos juntos”.
Construyamos puentes, grandes puentes sólidos y para muchos años.
SOBRE LA FIRMA Juan Bravo es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Actualmente es vicesecretario general de Economía del Partido Popular y diputado en el Congreso por Sevilla. Ha sido consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía (2019-2022) y senador por designación del Parlamento de Andalucía (2022-2023). Antes, fue diputado en el Congreso por Ceuta (2016-2019).
